Publicado: 23-06-09

El presidente del organismo, Claudio Ricciuti, consideró que "la necesidad de gestionar con rapidez" impulsa las críticas hacia el cuerpo de parte de los gobiernos de turno, ante las actuaciones de contralor.

USHUAIA.- En la edición de ayer se publicó la primera parte de la charla que TIEMPO Fueguino mantuvo con el presidente del Tribunal de Cuentas, contador Claudio Ricciuti, espacio donde el funcionario brindó detalles sobre los primeros 15 años que cumplirá próximamente el órgano encargado de controlar las acciones administrativas de las dependencias del Estado.

Ricciuti trajo a la mesa de diálogo una situación sucedida en 1996 y que aún es un tema que mantiene actualidad, como lo es el pedido de endeudamiento que realizan los Gobiernos de turno. En ese sentido, recordó que en el gobierno del MPF, el ministro de Economía, Mariano Viaña, presentó un pedido de endeudamiento, hecho al que Tribunal supeditó una compulsa previa, para que se esa forma se cumpliera con las normas.

"La Ley de Contrataciones dice que tanto los gastos como lo ingresos deben procurarse mediante procesos de compulsa, pero ante esta situación indicaron que desde este órgano estábamos poniendo palos en la rueda", recordó.

Al tiempo, expresó que luego se fueron acostumbrando a observar que quienes estaban en la oposición criticaba lo que hacían los Ejecutivos, y a su vez el Poder Ejecutivo cuestionaba al Tribunal de Cuentas por señalar los hechos que hacían más difícil el tránsito por el Gobierno.

En tanto, agregó que la misma oposición se nutría de las resoluciones y las informaciones que emitía el Tribunal de Cuentas para indicar que el Ejecutivo estaba tratando de impulsar gestiones fuera de las normas, según contó el titular del órgano.

"Cuando van rotando las personas y de pronto de oposición pasan a ser oficialistas, las críticas que provenían de la oposición hacia los Ejecutivos, amparándose de los informes del Tribunal, cambian rotundamente", especificó.

Asimismo, Ricciuti quiso ser gráfico al utilizar un ejemplo futbolístico, y dijo que es diferente lo que se vive cuando se es parte de la tribuna y cuando se ingresa a la cancha: "Desde afuera se critica pero es mucho mas difícil entrar en la cancha".

A pesar de ello, dijo que es común que suceda una situación similar dado que forma parte del ABC de la política, hecho que viene a igualar a los sectores politicos en cuento a sus costumbres.

Entendió que la "necesidad de gestionar con rapidez", impulsa de alguna manera que los que criticaban, por ejemplo las contrataciones directas, al llegar al poder hagan lo contrario.

Futuro del Tribunal

Ricciuti comparó al Tribunal de Cuentas con un "organismo viviente" al expresar que están en constante cambio, y en ese sentido tienen previsto impulsar un cúmulo de situaciones que permitan estar en plena actualizaciones.

Contó que "tienen el lujo" de decir que desde Tierra del Fuego se está capacitando a mas de 500 personas en todo el país. "Es un proyecto que nació aquí ante el secretariado permanente, fue aceptado y tal punto que hoy tenemos un convenio con la Universidad de Buenos Aires", destacó el funcionario.

Y como tema fundamental planteó la necesidad de modificar la ley que los rige, la norma que lleva el número 50 de creación y organización del Tribunal de Cuentas. Como tal, según indicó, la experiencia ha demostrado "la necesidad de ir modificando ciertos aspectos internos que ya fueron planteados ante los legisladores" y el año pasado ya tuvieron las primeras reuniones en ese sentido.

Utilizó como argumento fundamental de la necesidad de los cambios que "no es la misma administración que se controla en la actualidad, es muy diferente a la de los 90". Y subrayó que "el volumen de operaciones, los montos, la cantidad de gente no es la misma, y por eso queremos capitalizar las experiencias".

Uno de los puntos que buscan modificar es el artículo que estable como tiempo límite un año para que el Tribunal dictamine si hubo prejuicio fiscal en alguna de las actividades administrativas que se investigaron. Argumentó que es un tiempo escaso dado que se trata de dinero del Estado y que por ende, pertenece a todos. En este sentido, buscan llevar el tiempo a 10 años, y de esta manera igualarlo al Código Civil.

Finalmente, el presidente del Tribunal de Cuentas indicó que otro de los cambios que buscan realizar en la norma es "un artículo en la Ley 50 que dice que si algún funcionario, se aparta de la ley, en tanto demuestre que no produjo perjuicio fiscal no se le hace nada, y entendemos que no es un buen artículo para poder controlar".