Un primo de Kirchner, en la mira por el manejo de las obras
Publicado: 13-06-2011
Capital Federal.- LA AGN ADVIRTIO EN 2009 SOBRE IRREGULARIDADES EN LA SUBSECRETARIA DE COORDINACION DE OBRA PUBLICA
Un informe oficial criticó al funcionario por las transferencias a los municipios.
El escándalo por el manejo del dinero estatal para obras de infraestructura y vivienda de la Fundación Madres de Plaza tiene hasta hoy a Sergio Schoklender como figura central. El caso desnudó algunas de las tramas de corrupción sobre la obra pública pero también dejó a la vista que el Gobierno no quiso controlar cómo se hizo y como se financió esa misma obra.
Según fuentes del mercado de la construcción consultadas por Clarín, una serie de transferencias que beneficiaron a emprendimientos de Schoklender salieron de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, la oficina del Ministerio de Planificación Federal que se encarga de manejar fondos enviados a los municipios para obras no incluidas en otros programas. La Subsecretaría está a cargo de Carlos Santiago Kirchner, primo de Néstor Kirchner y hombre de extrema confianza de Julio De Vido. De profesión arquitecto, tiene domicilio -todo un signo de la época- en el 900 de la Avenida Presidente Néstor Kirchner de Río Gallegos. Está en el Gobierno Nacional desde 2005, y cuenta con un antecedente clave: manejó la obra pública en Río Gallegos como titular del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), adonde llegó de la mano de su primo en 1988.
Carlos Kirchner no es muy famoso -el semanario Perfil le dedicó su primera nota de tapa el último sábado- pero sí es conocido por los organismos de control del Estado. La Auditoría General de la Nación le dedicó en 2009 al primo político de la Presidenta un informe completo en el que denunció el muy débil control del destino final de los fondos de la Subsecretaría. En el trabajo se analizaron datos de 2007, aunque también se incluyeron números del programa de años siguientes y se puso especial énfasis en las obras de infraestructura en los municipios financiadas por la Subsecretaría.
No hubo en ese texto referencias a la construcción de viviendas, pero sí se denunciaron severas irregularidades.
Allí, la AGN concluyó que "las debilidades detectadas condicionan negativamente tanto la planificación de las actividades del Programa como su ejecución y evaluación, lo que impide asegurar que la afectación de los recursos públicos que le han sido asignados sea eficiente y eficaz". El organismo de control también avisó que la Subsecretaría "no ha suministrado copia de la documentación respaldatoria de las actuaciones que tramitaron la liquidación y pago de algunos Certificados de Obra".
En su descargo, que figura en el informe de la AGN, Carlos Kirchner dijo algo que hoy -a la luz del revuelo que armó el reparto de dinero para obras- suena casi como una admisión. El funcionario dijo en una nota firmada que "más del cincuenta por ciento (50%) de las tramitaciones realizadas fue confeccionada, ordenada, por personal a mi cargo" y no por los propios municipios que debían gestionar las obras. Kirchner argumentó que hizo eso porque las comunas no tenían "personal idóneo" para hacer esos trámites, una explicación que tambalea cuando se confirma que el Ministerio de Planificación exigía a los municipios que contrataran a algunas empresas para hacer las obras, por ejemplo la Fundación Madres de Plaza de Mayo que administraba Schoklender.
A pesar de ese descargo, la propia AGN, el organismo dependiente del Congreso encargado de auditar a los organismos del Estado decidió "mantener la redacción original" del crítico informe.