Publicado: 16-03-2010
 
Buenos Aires.- Un diario platense vinculó a la empresa Dienst Consulting, que tendría contactos políticos locales, de lograr el control de las licencias médicas en la Provincia.

Una publicación realizada por el diario platense "Hoy" sobre supuestas irregularidades en las que habría incurrido la Dirección General de Escuelas en conceder al control de ausentismo docente y de auxiliares bonaerenses a una sola empresa bahiense (que, según el matutino, tendría conexiones de importancia en el ámbito político local) motivó ayer una serie de desmentidas, que incluyeron a los máximos funcionarios de Educación.

Según denunció el medio, habría mantos de sospecha sobre el contrato directo que firmó la DGCyE con la firma Dienst Consulting en diciembre y al que atribuyen haberlo logrado merced a tener vínculos con máximos dirigentes del PJ bahiense.

El diario califica que "un negocio tan escandaloso como millonario estaría teniendo lugar en la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense".

"Su titular, Mario Oporto, le entregó en bandeja a una empresa nacida en Bahía Blanca -y por contratación directa- la prestación del servicio de administración de control de licencias médicas y realizaciones de juntas médicas en toda la Provincia".

La denuncia provocó en vendaval de llamados telefónicos y de sospechas varias sobre un negocio que, en realidad, es de poco más de 30 millones de pesos sólo por el presente año y que está a cargo de una empresa bahiense, cuyo director médico es Raúl Martín y, vicepresidente, su hijo Guillermo.

Tanto Raúl Martín (de manera extraoficial), como todos los involucrados negaron cualquier tipo de favoritismo o negocio espurio y buscaron conocer de dónde y por qué razón salió este tema en los medios periodísticos. 

La DGCyE lanzó la licitación hace dos años, pero la adjudicó sobre el último trimestre de 2009. Se estima que el 40% de ausentismo habitual se incrementó a casi el 60% el año pasado, ayudado por la pandemia de la gripe A.

Es así que, entre diciembre de 2008 y octubre de 2009, no hubo prestación y se incrementaron los reclamos, especialmente por la falta de juntas médicas.

¿Qué dice el medio platense?

"Mediante una contratación directa, el titular del área, Mario Oporto, entregó el control de las licencias médicas de docentes y auxiliares a una empresa que tendría fuertes vínculos con el PJ de Bahía Blanca. La Provincia le pagará 5,2 millones de dólares por año", señaló "Hoy". 

"Se trata de la compañía Dienst Consulting SA, firma que fijó su sede en Capital Federal y que, llamativamente, fue la única que presentó cotización. Se dice que tendría fuertes vínculos con el justicialismo de la Sexta Sección Electoral.

"El hecho de no haber realizado el llamado a licitación ya de por sí despierta suspicacias, dado que ello implica que no se realicen los controles institucionales que tienen la función de garantizar la transparencia de la operatoria", agregó el diario.

"En ese sentido, los expertos en derecho administrativo suelen decir que la licitación debería ser la norma, y la contratación directa una excepción para circunstancias de emergencia. Esto último no parece ser el caso: la Provincia cuenta con una red de 77 hospitales y miles de profesionales médicos que podrían cumplir esa función, por lo que carece de sentido la tercerización que llevó adelante el ministro.

"En la resolución firmada por Oporto se dice expresamente que, por los servicios que prestará la mencionada compañía, percibirá la friolera de 1,6 millones de pesos por mes, lo que totalizará un monto anual de 19.992.849 pesos, es decir, 5,2 millones de dólares. Por eso se trata de un negocio redondo desde todo punto de vista", aseguró el matutino de La Plata.

"El monto de la operación (del contrato directo) supera 327 veces los límites fijados por la ley de Contabilidad de la Provincia, que establece que las contrataciones directas sólo se pueden concretar con montos que no superen los 61 mil pesos. La norma dice, además, que para todas las contrataciones por más de 610 mil pesos se debe seguir el proceso licitatorio.

"En la resolución se intenta justificar la contratación directa al sostener que en 2008 hubo un llamado para prestar el mismo servicio que quedó desierto, y por ende la mencionada ley de Contabilidad habilitaría a sortear el mecanismo de licitación. Se cree que todo el proceso fue hecho a medida de la empresa.

"¿El motivo? En realidad, la convocatoria de 2008 había arrojado como resultado una firma preadjudicataria, que sospechosamente decidió retirarse porque el expediente fue retenido durante 7 meses, sin causa justa, en la Contaduría General de la Provincia. En definitiva, existirían claros indicios de que hubo una decisión política de que dicha licitación no prosperara y se cayera, para avanzar así con la contratación directa", añadió.

El diario destacó, además, que "el vicepresidente de Dienst Consulting es Guillermo Martín (su padre, Raúl, se desempeñó como presidente de la firma hasta el 20 de noviembre de 2009, dos semanas antes de que se le otorgara la contratación directa) y tendría estrechos lazos con referentes políticos ex duhaldistas".

"Otro nombre que aparece vinculado a Dienst Consulting es el de Franco Di Toto, íntimo amigo de Guillermo Martín, quien fue el primer presidente de la compañía. Actualmente, es el interventor de uno de los registros del automotor de la ciudad de Bahía Blanca, cargo al que obviamente llegó por sus vinculaciones políticas", indica la publicación.

¿Cómo es la prestación?

Para el control de ausentismo, la DGCyE dividió, en 2008, el territorio bonaerense en ocho zonas, de las cuales cuatro fueron adjudicadas en Dienst Consulting SA en septiembre de 2009, por poco más de diez millones de pesos, que incluían varios distritos importantes, como La Plata, La Matanza y Bahía Blanca. El servicio como tal en esos lugares, comenzó a funcionar en octubre. 

El resto de las zonas, por casi 20 millones de pesos, se contrataron en forma directa en diciembre, por excepción, debido a que desistió de presentarse otra de las firmas preadjudicadas.

En realidad, la contratación directa del servicio por 19.992.849 pesos que figura en el informe del diario se firmó para cuatro zonas. A eso debe sumarse otros poco más de 10 millones de pesos, por la licitación ganada para el resto de las zonas por la misma firma, meses antes.

A partir de diciembre, Dienst está a cargo de las licencias médicas docentes de 89 distritos bonaerenses. Desde este mes, se agrega el servicio para los no docentes. Cobra un promedio de 9,5 pesos por mes por cada agente de la DGcyE que se desempeñe en las escuelas públicas de esas ciudades, utilicen o no el pedido de licencia, se enfermen o no.

En total, la empresa recibirá de la Provincia 30 millones de pesos en 2010. El contrato es por un año, renovable. 

Solo en nuestra ciudad, entre docentes y no docentes, la empresa percibiría por mes casi 63 mil pesos.

En otros 45 distritos, mayormente menores a 100 mil habitantes, la DGCyE mantiene un acuerdo con los municipios, para que el control de ausentismo se realice en hospitales públicos del lugar.

Consultadas fuentes de la empresa, extraoficialmente negaron cualquier tipo de negocio espurio o vinculación política y manifestaron su voluntad de trabajo para reducir el ausentismo en las aulas.

La empresa funciona en Belgrano 376 y tiene, en su cartera de clientes, firmas de importancia de toda la Provincia.

Datos

* Raúl Martín se desempeñó como médico laboral en el Poder Judicial durante 35 años. Su hijo, Guillermo, es abogado y su nombre figura dentro de los abogados alternos del Bapro, en el estudio Francomanos y Asociados.

* Di Toto es titular del Registro Automotor Nº 5, de Bahía Blanca.

La DGCyE niega irregularidades y presiones políticas

Tanto el titular de la cartera educativa, Mario Oporto, como el subsecretario administrativo de la DGCyE, Gustavo Corradini, a cargo de las cuentas de la cartera educativa, negaron ayer cualquier irregularidad en la contratación de la citada empresa para manejar el control de ausentismo y afirmaron que todo fue corroborado por los organismos públicos de control de la Provincia. 

"Hubo una licitación pública en 2008, que finalizó en 2009. Se presentaron cinco empresas, dos resultados preadjudicatarias. La mitad de las zonas fue adjudicada a Dienst, la otra empresa no se presentó, y se decidió hacer una nueva compulsa, invitando a las mismas firmas para que coticen. Se hizo una contratación directa para las cuatro zonas restantes a Dienst. 

"No se hizo una nueva licitación pública porque ya hacía un año que no teníamos control de las licencias en la Provincia, había desorden y los plazos iban a ser más largos. Se utilizó una excepción,que está prevista en el artículo Nº 26, inciso 3, apartado C, del Reglamento de Contrataciones", destacó Corradini.

Ambos funcionarios negaron presiones políticas para decidir la firma que se encargaría de la prestación. "Nada más alejado", dijo Oporto.

"La licitación fue seguida por una comisión integrada por médicos laborales de la Facultad de Medicina de La Plata. Fue un proceso legal, que pasó por todos los organismos de control de la Provincia. Incluso, los que evaluaron las ofertas fueron médicos laborales, alejados de cualquier política partidaria. Es una barbaridad, no hubo nada que no sea transparente", dijo Corradini, en relación a los posibles contactos políticos.