Informe de El Auditor.info

Se trata de Unidos por la Justicia. La creó el diputado de Unión Celeste y Blanca y funciona en su bunker. La preside el juez Mariano Scotto y el fiscal general porteño Germán Garavano organizó sus equipos técnicos. La gestión macrista le pagó más de 450 mil pesos.


Unidos por la Justicia es el nombre de una ONG que fundó Francisco de Narváez y en la que participan jueces y fiscales de la ciudad. Esta asociación civil asesora (a cambio de dinero) al gobierno de Mauricio Macri. Según pudo reconstruir Página/12, este año cobró 150 mil pesos del Ministerio de Desarrollo Urbano y en los dos primeros años de la gestión PRO tuvo a su cargo la asesoría legal tercerizada del programa Ciudadanía porteña, por la que recibió más de 300 mil pesos. Un informe de la Auditoría de la Ciudad sobre Ciudadanía porteña encontró casos de discriminación y de franca inacción ante denuncias de violencia contra la mujer: a algunas mujeres golpeadas, incluso, les recomendaron que “convencieran” a su pareja para que les firmaran el convenio alimentario.

La entidad fue fundada en 2003 por De Narváez, que figuraba en esa época como vocal y sigue siendo socio. Su primer presidente fue Gustavo Ferrari, mano derecha del Colorado y actual diputado de Unión Celeste y Blanca. En su directorio actual sigue estando Natalia Gambaro, también diputada de ese espacio y principal asesora de De Narváez en temas de seguridad y justicia. Sin embargo, el factótum que se ocupó de organizar los equipos técnicos es Germán Garavano, actual fiscal general porteño. Garavano provenía de Fores –la ONG judicial que defendió la continuidad de los jueces de la dictadura e impugnó sin suerte a Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay– y recaló en Unidos por la Justicia para construir una asociación civil con aires más juveniles y menos jurásicos. El actual presidente es el juez de instrucción Mariano Scotto, pese a las incompatibilidades que podrían existir, ya que la ONG recibe dinero del Gobierno porteño.


Unidos por los negocios

Macri y De Narváez hicieron su primera experiencia conjunta en 2002, cuando formaron sus equipos técnicos de la Fundación Creer y Crecer. Se distanciaron cuando Macri decidió apuntar a la ciudad, dado que De Narváez quería un perfil nacional para el espacio. Macri se quedó con la fundación y De Narváez, con Grupo Unidos del Sud, que funcionaba en el bunker futurista de Las Cañitas, en Arguibel 2860. La misma dirección tiene en la actualidad Unidos por la Justicia, que fue un desprendimiento de ese think tank. Según fuentes del sector, ya en sus orígenes sus miembros cobraban sueldos más que importantes.

Garavano arribó a esa ONG, a la que también se sumaron jueces contravencionales de la ciudad, como Santiago Otamendi y Gustavo Letner, que siguen estando asociados. Como jefe de los fiscales porteños, Garavano salió a la caza de los que cortan calles y actualmente impulsa la avanzada contra tres jueces del fuero contencioso administrativo que molestan a Macri con sus fallos sobre derechos sociales.

El actual presidente, Mariano Scotto, tiene en el Juzgado de Instrucción 26 una causa que involucra a un alto oficial de la Policía Metropolitana, Carlos Kevorkian, en la muerte de un joven hincha de Huracán. En la ONG convive con un socio, Manuel Izura, que es el representante legal de la Metropolitana. El vicepresidente de la ONG, Martín Nessi, a su vez ocupa el cargo de subdirector de la Agencia de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño. También forma parte del directorio Agustín Gamboa, que es el secretario de Políticas Criminales del Ministerio Público. Gamboa fue el que declaró en la causa de espionaje que tuvo una reunión con Ciro James, a pedido de Jorge “Fino” Palacios.

En su página web, la ONG informa que tiene convenios con, entre otros, la Fundación Konrad Adenauer y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, además de los que firmó con los ministerios de Desarrollo Social y Desarrollo Urbano porteños. De parte del último recibieron 150 mil pesos a comienzos de este año por un programa de “detección y prevención del fraude”. Se trata de una suerte de seguimiento de las licitaciones, sobre las que la ONG garantiza transparencia. Todavía resta que cobren una segunda parte por capacitar al personal del ministerio.


Ciudadanía de segunda

La ONG empezó a asesorar al programa Ciudadanía porteña sobre el final de la gestión de Jorge Telerman. Siguió durante todo 2008 y 2009, en plena gestión de Macri, con el asesoramiento legal a las personas que querían cobrar el plan alimentario. Un informe de la Auditoría porteña de agosto de 2009 indicó que esa tercerización terminó en casos de discriminación contra la mujer. Luego del informe, este año tuvieron que dar de baja el convenio (esto no impide que la ONG siga cobrando por otros ministerios).

Como informó la Auditoría, a fines de 2007 esa ONG cobró 75.210 pesos. Según pudo saber Página/12, en 2008 recibió otros tres pagos de 75.210 cada uno. El Ministerio de Desarrollo Social fue reticente a entregar información (pública, por otra parte) sobre los montos que recibió en 2009. De igual forma se vienen comportando con la Auditoría porteña, con la salvedad de que en ese caso podría valerles una denuncia penal.

Según el informe de la Auditoría, la ONG funcionaba “dentro de la sede Curapaligüe del programa Ciudadanía porteña”. Los auditores registraron:

- Un instructivo informal de la ONG que exige pedir certificados de divorcio y convenio alimentario “en caso de que se presente una mujer sola”. Advierten que existe un “trato diferenciado según el sexo del jefe de hogar beneficiado” y que “esto implica una discriminación de género”.

- La auditoría transcribe las anotaciones de uno de los socios de Unidos por la Justicia que atendía a personas por debajo de la línea de pobreza: “No está casada, tiene 1 hijo de 27 años. Trabaja en blanco (gana 460 pesos). Cuando se anotó vivía con una persona. Ahora manifiesta que no vive más con él. Habría que verificar la veracidad de sus dichos. Da la impresión de que lo que dice es falso”.

- En casos de violencia contra la mujer obligaron a la víctima “a relatar reiteradamente la situación de abuso/violencia padecida, tanto en el área de atención al público como en Unidos por la Justicia. Se produjo una doble victimización originada en demoras innecesarias”. A una víctima la tuvieron cinco meses obligándola a ir y venir con papeles y no la derivaron a la Dirección de la Mujer.

- Además, la ONG “recomendó, ante situaciones de violencia familiar denunciadas ante un juzgado, la búsqueda de domicilio del agresor y la firma de convenios con el mismo”. En dos oportunidades, incluso, le dieron turno para que se reuniera con el agresor y en una tercera la recomendaron que lo “intente convencer”. De 23 casos en los que la persona denunció situaciones de violencia por parte de la pareja, sólo tres fueron derivados a la Dirección de la Mujer. Eso sí, en un caso derivaron a la persona para que iniciara el juicio de divorcio. La mandaron a Cáritas.