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Publicado: 04-12-2013

CABA.- Por Leandro Despouy*. Un adelanto exclusivo de un informe que presentará el Auditor General de la Nación el próximo jueves ante el Congreso. En esta nota, el titular del organismo de control reitera la necesidad de fiscalizar la empresa y se pregunta si la indemnización a Repsol “es efectivamente el monto que el país debería pagar si la AGN hubiese intervenido en su determinación”.

La reestatización de YPF se implementó mediante la Ley 26.741, que en su artículo 1º “declara de interés público y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social”. Para alcanzar esos objetivos, en su artículo 7 la Ley declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF, hasta entonces en manos de Repsol. Inexplicablemente, el artículo 15 excluyó del control de la nueva empresa de mayoría estatal a la Auditoría General de la Nación.

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