La semana pasada la Secretaría de Transparencia de Colombia realizó el lanzamiento “Empresas activas en cumplimiento anticorrupción”. Se trata de un proyecto que fue enviado al Congreso para poder medir a las compañías en el cumplimiento de distintos estándares de prevención de corrupción.


“La corrupción es un baile que requiere de dos: la parte que recibe el soborno y la que paga”, afirmó el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso, en una entrevista publicada por el periódico Portafolio. “Queremos que se evalúe el nivel de liderazgo de los directivos en generar el ambiente favorable a la denuncia y la protección de los denunciantes”, agregó.

Lo novedoso de la iniciativa es que le da atribuciones a la Superintendencia de Sociedades en la persecución de las personas jurídicas involucradas con prácticas corruptas y establece sanciones muy duras, con multas significativas que buscan ser un elemento disuasorio contundente.

La Secretaría de Transparencia recibió más de 3.275 denuncias desde el 2013. “Normalmente las recibimos y hacemos seguimiento a las autoridades que investigan los casos y al estado actual de los procesos”, señaló el funcionario.

Uno de los casos más alarmantes que especificó Enciso fue el de noviembre del año pasado. “Logramos la judicialización, captura y allanamiento de un funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de Nariño. Estamos pendientes de que llegue una sentencia condenatoria en contra del ex director regional de esa entidad. Un contratista lo denunció y aportó evidencia de que exigía extorsión para adjudicar un contrato de alimentos por unos 1.500 millones de pesos”.

Si bien el código penal y el estatuto anticorrupción tienen una serie de normas que permiten sancionar a las personas del sector privado por prácticas de corrupción, una de las cosas que hacen falta es poder sancionar a las personas jurídicas. 

Ante esta situación, el Secretario de Transparencia destacó el envío al Congreso de un proyecto de ley que adecua la legislación colombiana para cumplir con la convención anti soborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD). El proyecto ya se radicó y se espera que se dé el primer debate en marzo”.

“La OECD también se mostró interesada en evaluar permanente cómo estamos avanzando en la articulación entre las distintas entidades encargadas de vigilar y castigar los actos de corrupción”, aseguró Enciso, y concluyó: “Por eso, una decisión tomada hace algunas semanas fue reactivar el comando anticorrupción, del cual hacen parte la Secretaria de Transparencia, la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía”.