“Un corte de electricidad volvió a dejar sin luz a varios barrios de la ciudad de Buenos Aires, Rosario y el conurbano bonaerense. Vecinos de Caballito y Flores salieron a quemar basura a modo de protesta. También hubo apagones en Palermo, Núñez, Belgrano, Villa Urquiza, Villa Crespo, Olivos y San Isidro”. 

El párrafo salió publicado esta mañana en la tapa del diario La Nación, pero bien podría corresponder a cualquier día de los últimos veranos, en que las interrupciones del servicio eléctrico castigaron a vastos sectores del área metropolitana y pusieron bajo análisis dos cuestiones puntuales: las inversiones de las empresas prestatarias de la luz y los controles que hace (o debería hacer) el Estado. 

En este marco, un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) indica que en los últimos años se evidenció un “deterioro en la prestación del servicio de luz” y que los controles estatales “no son eficaces”, a tal punto que -al momento de la investigación- las dos empresas distribuidoras de energía en el área metropolitana, Edenor y Edesur, debían más de $ 82 millones por deficiencias en su labor, y no se pudo verificar que esas multas fueran pagadas ni que las firmas acreditaran bonificaciones en favor de los usuarios.

El organismo encargado de fiscalizar las concesiones de distribución de luz es el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), cuyo trabajo fue examinado por la AGN en un relevamiento aprobado sobre el final del año pasado, a partir de datos tomados entre enero de 2011 y junio de 2013.

Cortes y multas

En su informe, la Auditoría explica que cuando se advierten falencias en la prestación del servicio de luz “el ENRE inicia el proceso sancionatorio hacia las Distribuidoras”. 

Sin embargo, esos procesos no siempre alcanzan a completarse. De hecho, los técnicos observaron “tanto la falta de pago de multas como la acreditación de bonificaciones” a los damnificados por los cortes de energía, y puntualizaron que “a la fecha del estudio, el monto adeudado por ambas empresas asciende a $ 82.294.403,44”. De ese total, $ 55.189.204,07 correspondían a Edenor y $ 27.105.199,37 a Edesur.

Sobre la falta de eficacia de los controles del ENRE, la AGN remarca las “demoras en la aplicación de las multas”, y el consiguiente “incumplimiento por parte de las distribuidoras”.

Seguimiento

En rigor, este trabajo de la AGN es un “informe de seguimiento” que buscó determinar si el ENRE regularizó las observaciones que figuraron en auditorías anteriores, aprobadas en 2006 y 2011.

Entre aquellas observaciones se destacaban las “demoras” que registró el ente regulador a la hora de cumplir dos de sus tareas más relevantes. 

Se trataba, en primer lugar, de la emisión de unos expedientes llamados “Orden de Cálculo de Indicadores y Bonificaciones Asociadas por la Calidad del Servicio Técnico”. 

A pesar de su extenso título, el trámite no es difícil de entender: con las órdenes, que son semestrales, el ENRE le pide a las distribuidoras que calculen la calidad de su servicio; luego, las empresas presentan sus resultados, en los que se reconocen los créditos que deben recibir los usuarios por las fallas en la prestación, e informan el pago de las multas correspondientes mediante documentación certificada. El circuito se cierra con el control que hace el ente regulador sobre esos papeles.

¿Cuándo se aplican las multas?, cuando los usuarios sufren más apagones en un semestre -comparado con un período anterior-, si las interrupciones imprevistas son mayores a tres minutos, o si los cortes programados se extienden por más tiempo que el estipulado.    

Pues bien, en las auditorías anteriores, el promedio de demora del ENRE, contando desde el momento en que cerraba un semestre hasta la emisión de la Orden de Cálculo, era de 369 días. Pero en esta última investigación se advierte que la performance aumentó, alcanzando un promedio de 492 días, “habiéndose detectado un caso de plazo mínimo de 291 días para Edesur y, en el otro extremo, (una tardanza) de 635 días para Edenor”, puntualiza la AGN.

En segundo lugar, la otra tarea del ENRE en la que se verificaron demoras es en la confección de los expedientes por “Incumplimientos en el Relevamiento y Procesamiento de la Información”.  

Estos son documentos, también semestrales, en los que el ente regulador analiza los datos brindados por las empresas y busca “inconsistencias” en la información, es decir, apartamientos en la calidad en la prestación del servicio y, a partir de eso, “emite la resolución sancionatoria correspondiente”, explica la Auditoría.

A diferencia del ejemplo anterior, en este caso no son los usuarios quienes cobran las multas, sino que es el propio ENRE, en definitiva, el que percibe los montos en cuestión y compensa a los damnificados por el accionar de las distribuidoras. 

Sin embargo, para que eso ocurra, la espera puede extenderse hasta los tres años: es que durante la labor de la AGN “se llegó a la instancia sancionatoria en un sólo caso, (que) insumió un total de 1.099 días para su emisión”. Se trató de un expediente sobre Edenor y, pese semejante tardanza, el informe muestra una mejora con respecto a las auditorías anteriores, en las que el plazo había sido de 1.139 días. 

Y si alguien considera que esa espera fue excesiva, hay otro caso más llamativo: es que durante aquel lapso de casi tres años, el ENRE ni siquiera logró resolver un expediente sobre Edesur, entonces a los auditores no les quedó otra que “concluir una demora de hasta 1.210 días entre el cierre del semestre y la fecha de respuesta” del ente regulador.

Fuerza mayor

Por otra parte, existe una tercera clase de expedientes que con los que trabaja el ente regulador. Se llaman de Fuerza Mayor y se abren cuando las empresas informan la “totalidad de cortes verificados alegando su origen caso fortuito”, explica la Auditoría.

Estos expedientes se inician en forma mensual y, como resolución, el ENRE acepta o rechaza los argumentos de las distribuidoras. Aquí también se observan demoras, porque las empresas “solicitan prorrogas para la presentación de la documentación pertinente”. 

Además, tras chequear el contenido de esas carpetas, la AGN notó que “no se respetan los requisitos administrativos estipulados”, porque “faltaban documentación” de prueba y hasta las “firmas de los responsables”. 

Media solución

Volviendo a la comparación con las observaciones de auditorías anteriores, los técnicos destacaron que “en 2009 el ENRE reglamentó el proceso mediante el cual las distribuidoras deben acreditar las bonificaciones por multas a los usuarios afectados”. 

Para intentar saldar esa deuda pendiente, el ente sancionó una Disposición que en la investigación de 2006, por ejemplo, no existía. La medida, además de la reglamentación ya mencionada, también obligaba a las empresas a “presentar certificaciones de acreditación de bonificaciones a usuarios, que deben ser realizados por Contador Público Independiente y/o auditores externos”.

Sin embargo, la AGN se topó con una solución a medias, ya que “no constan los informes de Contadores Públicos que certifican las multas abonadas a los usuarios por las Distribuidoras”. 
     
Los reclamos

La Auditoría, por otra parte, detectó “mejoras”, y hasta habló de una “adecuación” de las bases de datos de los reclamos formulados por los usuarios, que ya habían sido recomendadas en informes anteriores.

No obstante, se sostiene que “persisten problemas”, como por ejemplo que “se ingresan datos de menos o se repite información, como números de reclamo, lo que imposibilita identificar cada caso”.

Con estas certezas, la AGN “da por regularizada la recomendación aprobada en el anterior informe”, aunque reconoce que “la situación dio lugar a una nueva observación”, que consiste en “capacitar al personal (del ENRE) y acceder en tiempo real a los sistemas de información operados por los concesionarios”.

Una larga convivencia

En 1992, y por una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación, se decidió que las empresas Edenor y Edesur asuman la concesión de la distribución y comercialización de la luz por un plazo de 95 años, lo que significa que ambas firmas serán prestatarias del servicio, y deberán ser controladas por el ENRE, hasta el año 2087.