Cómo funciona el órgano garante del acceso a la información
A dos años de su creación, el ente ya cuenta con presupuesto propio y logró llevar a cabo sus objetivos, como generar acuerdos internacionales y realizar metas de trabajo. Sin embargo, carecen de un régimen sancionatorio para quienes no difunden los datos requeridos.
En febrero de 2018 se creó el Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de supervisar y asegurar el cumplimiento de la Ley 104. A casi dos años de su creación, dialogamos con su directora, María García Andia.
El ente funciona asegurando el acceso a la información pública y resolviendo reclamos. “Cuando comenzamos éramos solo cuatro personas y sin presupuesto propio. Hoy contamos con nuestra partida y ya somos ocho", expresó.
En su primer año “empezaron a pensar cómo era ser la primera institución de este tipo en todo el país ya que a nivel nacional no hay otra". Y comentó: "Esta experiencia desde cero es muy desafiante así que trabajamos en generar manuales de procedimientos, realizamos informes, asistencias, capacitaciones y mesas de trabajo. Y todo el tiempo nos preguntamos qué podemos mejorar de lo que estamos haciendo.”
“Mi compromiso es que para cuando termine mi gestión este organismo tenga institucionalidad, formalmente una estructura establecida y un presupuesto que le garantice el funcionamiento”, aseveró la García Andia.
En dos años hubo 605 reclamos por incumplimiento
El órgano logró en cumplir con sus metas establecidas para 2019. Entre ellas figuraban acuerdos con entidades internacionales, realización encuestas a sujetos obligados, desarrollo de mesas de trabajo con expertos en la temática, realización de un sitio web propio, accesibilidad a la documentación que generan, consolidar un plan de monitoreo de transparencia activa así como difundir públicamente a los incumplidores.
Incumplidores
En caso de que un sujeto obligado no de a conocer los datos requeridos por las vías oficiales, el ente emite una resolución en su contra por incumplimiento que es publicada en el Boletín Oficial.
En dos años y con 605 reclamos, solo hay cuatro casos, entre los que figuran la Comuna 1, la Dirección General de Educación Privada y dos veces el Ministerio de Justicia y Seguridad, por diferentes causas.
Ante la ausencia de un régimen sancionatorio específico, el organismo presentó el Informe 2018 en el que explica cómo funciona frente a esta situación. En primer lugar emiten la resolución mediante la cual se notifica al superior jerárquico quién cometió la infracción y luego acuden a la estrategia name and shame (mostrar y avergonzar) difundiendo en la web oficial. "Estas medidas se implementan ante el vacío legal que plantea la normativa vigente en la materia", explica el documento.
Ante esta situación, según consta en las resoluciones emitidas por la Oficina, es el propio incumplidor el que deberá "iniciar los procedimientos disciplinarios que considere pertinentes ante el incumplimiento ocurrido por la falta de entrega de la información pública solicitada".
Desde el Organismo, García Andia explicó que su prioridad “es lograr que la información pública llegue a manos del ciudadano, por eso nos focalizamos en que la institución conteste”.
