La entrada en vigencia de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública es un avance en la democracia. Es que a partir de la semana pasada, cualquier ciudadano puede solicitar información al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, y obtener una respuesta adecuada en un lapso no mayor a 15 días, prorrogables por otra quincena más.

Sin embargo, un informe de Poder Ciudadano revela que la posibilidad de acceder a la información pública en la Justicia es “muy escasa”, puntualmente en datos relacionados a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

La organización de la sociedad civil sentenció que el máximo tribunal judicial “no contestó ninguno de los pedidos de información” que realizaron.

La posibilidad de acceder a la información pública en la Justicia es “muy escasa”

Esta situación se torna un tanto paradójica ya que el Poder Judicial es el encargado de resolver las demandas judiciales referidas al acceso a la información.

Los datos que maneja la Justicia deben ser de carácter público porque contemplan actividades administrativas, como presupuesto, reglamentos, audiencias; y jurisdiccionales, tales como sentencias y expedientes.

Si bien la Corte Suprema creó un portal de datos en el que publica información vinculada a los temas anteriormente mencionados, estos “están orientados a un perfil particular de ciudadano” que dificulta la comprensión de cualquier persona.

La conocida frase “los jueces sólo hablan a través de sus sentencias” refleja la situación actual: “hermetismo y reticencia” que tanto los tribunales como la CSJN tienen a la hora de brindar información a la ciudadanía.