Según el Índice 2012 de la Red Latinoamericana Transparencia Legislativa, que permite identificar riesgos de corrupción, Argentina obtuvo el puntaje más bajo en cuanto a criterios de Transparencia en el marco normativo del Congreso y de atención y participación ciudadana. Entre otras cuestiones, todavía faltan leyes y estructuras especializadas para la transparencia legislativa.

¿De qué se trata?

La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa -una red de organizaciones de la sociedad civil regionales, que promueven la transparencia, el acceso a la información y la responsabilidad en los congresos- publicó el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa. Este trabajo tiene como objetivo implementar un instrumento metodológico que permita analizar los niveles de transparencia de los parlamentos de Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, con el fin de establecer un estándar mínimo en el quehacer político, administrativo y propiamente legislativo de esas instituciones.

El Índice tuvo cuatro grandes dimensiones: Normatividad, Labor Legislativa, Presupuesto y Gestión Administrativa, Atención y Participación Ciudadana. A los cuales se les asignó una calificación numérica según el nivel de restricciones o facilidades en su acceso. Cada uno de los cuatro apartados cuenta con un total de puntos que contemplan diversos grupos de preguntas, así por ejemplo en un caso ideal el valor máximo del indicador de normatividad es de 17 y de manera desagregada, este máximo se compone de 6, 8 y 3 puntos, según sus respectivos subtemas.

¿Qué se observó?

El índice de transparencia legislativa latinoamericano muestra que Argentina ocupa el puesto más bajo

Según las estimaciones realizadas a partir de las consultas hechas en cada país, se observa que México y Perú obtienen las puntuaciones más altas en la dimensión Normatividad (en lo que hace a la suficiencia de su marco normativo), seguidos por Chile, Colombia y, finalmente, Argentina, que se encuentra por debajo de la media del puntaje máximo esperado. En este apartado, el máximo estipulado es 17, los resultados indican que el más bajo llegó a los 6,5 puntos y el más alto a 13. (Ver detalle de Argentina)

En cuanto a la labor legislativa de los legisladores, la ONG resume los siguientes aspectos observados: “Falta de publicidad en sus actividades permanentes dentro y fuera del Congreso; formas diversas para negar información que permita conocer los acuerdos de las comisiones, el sentido del voto y sus propuestas de ley; y, finalmente, baja calidad del apoyo técnico especializado, lo que afecta sus proyectos y leyes, presentadas y aprobadas”.

Dentro de esta dimensión, Colombia fue el país con mayor puntaje, con 50,5 puntos sobre el máximo esperado de 73, seguido de forma decreciente por Chile (48), Perú (46,5),  Argentina (44,5) y, en último lugar, México (44). Se detectó, además, que Argentina es el que presenta mayores obstáculos para informar a la ciudadanía y a las organizaciones civiles en cuanto a participación y formas de abordar los temas de preocupación nacional.

Sobre la Dimensión Presupuesto y Gestión Legislativa, La Red Latinoamericana sostiene que en general “persiste el uso discrecional de los recursos, sin criterios presupuestales, con gran opacidad en la comprobación de lo otorgado a las bancadas y nula participación de la sociedad civil organizada en las actividades internas de los congresos”. En esta medición, de mayor a menor puntaje, se encuentran México (40), Perú (38), Chile (35), Colombia (25) y Argentina (18).

En cuanto a la última dimensión, Participación y Atención Ciudadana, el valor máximo esperado era 33: Argentina obtuvo 9; Colombia 15,5; Perú16,5; Chile 22,5 y México 23,5. La ONG indicó que “hay una ausencia deliberada en la creación de estructuras especializadas para atender las solicitudes de información pública, que obligue a responder en tiempo y forma y que,  además,  organice un sistema de presentación de la información para hacerla de fácil acceso, pública y gratuita”.

De hecho, la Red considera que "falta normatividad en materia de transparencia y acceso a la información pública que determine con claridad los sujetos obligados, las sanciones por incumplimiento y formas de operar el sistema”. 

En este sentido, se advierte que la inexistencia de marcos normativos que regulen el trabajo distrital permite casos como los de Argentina y Colombia que se reportan en cero por la nula difusión sobre las representaciones de los Diputados y Senadores a nivel jurisdiccional.

 ALGUNAS CONCLUSIONES

* Falta de obligaciones legales en materia de transparencia que afecta la esfera del trabajo legislativo, la gestión y administración de recursos y la participación ciudadana. Es necesario insistir en la urgente tarea de volver sujetos obligados a los congresos para lograr mejores controles en el ejercicio de las funciones legislativa, y no se siga aspirando a conseguir por medios informales aspectos básicos como las percepciones de los congresistas.

* En los 5 países no hay normatividad que obligue y regule la presentación de informes de gestión a la ciudadanía; sin embargo, cuando se llegan a elaborar informes anuales de gestión, éstos tienden a ser una actividad de campaña de los legisladores más allá de tener un genuino interés de informar y vincularse con la ciudadanía.

* El acceso de las y los ciudadanos a las instalaciones de las cámaras o comisiones es discrecional o con fuertes restricciones para su permanencia en el recinto legislativo, en algunos casos, el uso de la fuerza para contener o retirar a ciudadanos organizados es persistente.