La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa -una red de organizaciones de la sociedad civil regionales, que promueven la transparencia, el acceso a la información y la responsabilidad en los congresos- publicó el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa. Este trabajo tiene como objetivo implementar un instrumento metodológico que permita analizar comparativamente los niveles de transparencia de los parlamentos en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, con el fin de establecer un estándar mínimo en el quehacer político, administrativo y propiamente legislativo de esas instituciones.

El instrumento fue aplicado a través de las organizaciones participantes en la red y tuvo cuatro grandes dimensiones: Normatividad, Labor Legislativa, Presupuesto y Gestión Administrativa, Atención y Participación Ciudadana. Cada una de las categorías cuenta con distintos subtemas, a los cuales se les asignó una calificación numérica según el nivel de restricciones o facilidades en su acceso.

El Índice elaborado por esta entidad permite identificar alertas sobre fallas o debilidades que inevitablemente se convertirán en riesgos de corrupción. En esta edición nos detendremos en las observaciones sobre Argentina.

Según la ONG, “se observan claras deficiencias en cuanto a la regulación en materia de transparencia y rendición de cuentas”. Si bien existe el Decreto 1172/2003, marco normativo que regula el acceso a la información pública, éste solo es aplicable al poder ejecutivo, por lo que queda fuera de la regulación el legislativo y el judicial. En este sentido, aclaran, “no existe una Ley, Reglamento, Lineamiento o acuerdo que regule específicamente el acceso a la información en el Poder Legislativo, ni existe un órgano garante”.

Esto da lugar a “una arbitraria disparidad de criterios para facilitar información cuando es requerida”, sostiene el informe y agrega: “Cabe recordar que las leyes de transparencia permiten que quienes soliciten información al gobierno lo hagan sin exponer razones legales para legitimar sus demandas”.

Según las estimaciones realizadas por la organización a partir de las consultas hechas en cada país, “se observa que México y Perú obtienen las puntuaciones más altas en lo que hace a la suficiencia en relación al marco normativo, seguidos por Chile, Colombia y, finalmente, Argentina, que se encuentra por debajo de la media del puntaje máximo esperado. Esto se debe en gran parte a –las deficiencias en el- marco normativo en materia de transparencia y acceso a la información”.

Sobre la dimensión de Presupuesto y Gestión Legislativa, persiste el uso discrecional de los recursos, sin criterios presupuestales, y el país peor calificado fue Argentina. Si bien aquí el presupuesto del Congreso es parte del presupuesto nacional, las partidas para cada “despacho” o legislador las determina la Dirección de Administración de cada Cámara. Sumado a esto, en la Cámara de Diputados no existe una normativa que establezca la publicidad de la ejecución del gasto.

Por otra parte, el informe dice: “Lamentablemente, en Argentina y Colombia no son públicos los datos de los ingresos de los legisladores”. Por lo cual, los argentinos no pueden conocer directamente el monto del ingreso de sus representantes.

Otra práctica de transparencia con la que no cuenta el Legislativo nacional, es la publicación de los viajes de los legisladores por motivo de trabajo. Los controles para autorizar los viajes, comprobar los gastos y utilizar los recursos con apego a lineamientos de austeridad, son prácticamente inexistentes en Argentina.

¿A quién representa el legislador?

Sobre el apartado Participación y Atención Ciudadana, la Red de Transparencia legislativa indicó que “Argentina alcanzó una puntuación que llama la atención por su bajo nivel (la peor en relación a los país analizados)”. Según el informe, el país “está en deuda con el derecho a la información”.

De hecho, la inexistencia de normas que regulen permite casos como los de Argentina y Colombia con calificación “cero” (medios de acceso nulos u opacos) por la falta de publicación de información sobre representaciones de los Diputados y Senadores a nivel distrital. En nuestro país no existe una normativa que vincule el trabajo distrital con la participación ciudadana. Es decir, “no está estipulada la obligación de que los legisladores rindan informes a nivel distrital sobre sus actividades, o por lo menos no es claro el funcionamiento de la representación y el vínculo ciudadano en este ámbito”, señaló la ONG. Por ende, se puede decir que no existe obligación alguna de los legisladores a establecer un vínculo con la ciudadanía.

Por último, no existe una reglamentación que obligue a los legisladores a elaborar un informe o balance de gestión al final del periodo legislativo, en el que den a conocer las acciones realizadas y por medio del cual los ciudadanos puedan evaluar el desempeño de sus representantes.

Labor Legislativa

En lo que respecta a la dimensión Labor Legislativa, en el caso argentino, se observó que el acceso a las sesiones y comisiones está restringido, ya que solo pueden ingresar los periodistas, asesores y ciudadanos que hayan sido invitados por algún congresista.

Se detectó, además, que si bien existen normas que regulan los intereses extraparlamentarios de los representantes en cuanto a los obsequios que reciben los legisladores, no se cumplen. Aunque hay una Ley establece la creación de un órgano de aplicación, nunca se conformó y cada poder estableció criterios diversos para garantizar su cumplimiento. En el caso del Congreso de la Nación, en la práctica, no hay un control real sobre los regalos que reciben los legisladores, ni mucho menos un registro público.