La Superintendencia de Salud cobró el 5% de las multas que le hizo a las Obras Sociales en 2010
Por las sanciones, el ente tenía que percibir casi $ 3 millones, pero solo ingresaron casi $ 150 mil. Según la AGN, la “Super” no se vale de un decreto que le permita debitar el dinero de las cuentas de las prestadoras. Hay obras sociales que gastan menos del mínimo en atención médica y más del tope máximo en administración; otras, presentan una “delicada situación económica”.
En el año 2010 la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) debió haber cobrado $ 2.872.840 a raíz de unas 86 multas aplicadas a las obras sociales por irregularidades en las prestaciones. Sin embargo, y según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), el ente sanitario “solamente canceló seis -sanciones-, por $ 143.642, es decir el 5%” de ese total.
Algo parecido se observa en las multas aplicadas en ejercicios anteriores. La investigación de la AGN, aprobada este año, revela que de las 105 sanciones impuestas por la SSS en 2009, que sumaban $ 1.285.758,77, se cobraron 51 por un valor de $ 353.228,56 (el 28% del total de dinero). Y otras 18 se cancelaron recién un año más tarde, por casi $ 250 mil.
Ante estos datos, la Auditoría remarca que la Superintendencia no sólo tiene la potestad de sancionar a las obras sociales, sino que además cuenta con un decreto de 2004 que la habilita a debitar el dinero de las multas directamente de las cuentas de las prestadoras.
Por otra parte, la Super -como se la conoce-, también se encarga de evaluar los estados contables de las obras sociales. En el informe de la AGN se resumen algunos hallazgos de estos estudios.
Por ejemplo, el 30% de las obras sociales registran Gastos Prestacionales Médico-Asistenciales por debajo del piso establecido en la Ley 23.660 que rige la materia; y el 36% de los casos muestran Gastos Administrativos superiores al techo previsto por la misma norma.
En pocas palabras, hay obras sociales que gastan menos del mínimo en atender a sus afiliados y más del máximo en cuestiones administrativas.
“El no cumplimiento de estos parámetros de inversión y de gastos son calificados como 'graves' por la Ley 23.660”, advierte la Auditoría nacional.
No obstante, hay otras observaciones: el 59% de las obras sociales presenta de manera recurrente sus estados contables “fuera de los términos establecidos en la normativa”; y en el 21% de los casos, los estados contables no incluyen detalles sobre cajas de ahorro, cuentas corrientes y plazos fijos de las obras sociales.
Y también se “advirtió disparidad entre la cantidad de beneficiarios informados -en los estados contables- de la mayoría de los Agentes del Seguro de Salud y la que surge del Tablero de Comandos de la Superintendencia. Estas diferencias -continúa la AGN- las detectaron para el 65% de los casos, e influye en indicadores tales como “gasto prestacional per cápita”.
“Delicada situación”
Entre los controles que hizo la Superintendencia, la Auditoría remarca: “Se verificó que el 18% -de las obras sociales- presentan una delicada situación económica financiera, que se manifiesta por ausencia de capital de trabajo y deficiente índice de liquidez corriente y total. Del análisis de los estados contables se destacan los siguientes indicadores: Obras Sociales con pérdida del Patrimonio Neto, y otras en las que el gasto por beneficiario supera ampliamente la media”. La AGN completa con otro dato: “Aproximadamente el 47% de las obras sociales concentran solamente el 4% de los beneficiarios, existiendo algunas con muy poca cantidad de (adherentes) lo cual importa una particular vulnerabilidad financiera”.
