A pocos meses de que comience el ciclo electoral de 2019, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y Poder Ciudadano elaboraron una serie de propuestas para transparentar el financiamiento de las campañas y los partidos políticos.

Con el objetivo de impedir el abuso de los recursos públicos, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) exigen una reforma legal que incluya en primer lugar, la trazabilidad del dinero, es decir, que haya un registro de los montos, origen, trayectoria y destino.

Para ello, creen necesario la digitalización de los pagos y “prohibir los aportes en efectivo y mediante depósito bancario para que solo puedan realizarse por medios trazables”. Del mismo modo, consideran que se debe “permitir la devolución de los aportes que los partidos y alianzas detecten como sospechosos”.

Otra de las cuestiones que plantean las OSC es regular la publicidad oficial “para que no pueda usarse de manera partidista” ni “emitirse o distribuirse durante el período formal de la campaña”.

Asimismo, consideran que las agrupaciones “informen sus ingresos y gastos cuando suceden y publicarlos durante la campaña”. En este sentido aseguran: “La normativa vigente en Argentina es muy laxa en materia de sanciones”.

Por último, proponen que las provincias que celebren sus elecciones el mismo día que las nacionales adhieran al régimen nacional de financiamiento. Sucede que cuando las campañas se organizan de forma simultánea con la Nación, las mismas se cruzan y “resulta muy complicado discriminar los gastos”.