A fines de mayo de 2018, luego de varias idas y vueltas, la Cámara de Diputados de Mendoza sancionó la Ley Nº 9070 de Acceso a la Información Pública de la provincia. A un año y medio de su implementación, la normativa avanza a pasos firmes.  

El subdirector de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, Diego Seaone, en diálogo con El Auditor.info, remarcó algunos logros que obtuvieron en este año. Uno de ellos es el sistema de gestión online de pedidos que está en vigencia desde abril. "Desde entonces las solicitudes pueden tramitarse de forma digital y nosotros podemos hacer un seguimiento del cumplimiento, lo que nos permite garantizar la respuesta y tener estadísticas”.

A través de este nuevo procedimiento obtuvieron "150 pedidos de información, de los cuales se respondió el 90%". También Seaone expresó que "hay 18 recursos que fueron ingresados en las oficinas por incumplimiento", pero implementaron un "sistema de vista previa para quienes no contestaron mediante el cual logran que se entreguen los datos", agregó.

"Realizamos capacitaciones para que se entendiera cómo otorgar datos. Buscamos cumplir antes que multar” afirmó el subdirector de Ética Pública local. 

Mendoza pone énfasis en que la solicitud llegue al ciudadano. "No buscamos sancionar. Aun no aplicamos ninguna multa”, aseveró el funcionario. Pese a que se trata de una ley reciente, la provincia ya cuenta con un sistema de penalidades.

En este contexto, añadió que “a lo largo de este año realizamos capacitaciones y jornadas de sensibilización para que se entendiera cómo otorgar datos. Buscamos cumplir antes que multar”.

Según un análisis del Banco Mundial, después de la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza tiene la mayor calidad normativa del país con respecto a otros marcos legales provinciales que regulan el acceso a la información.

En este año también trabajaron para que los 18 municipios adhieran a la ley. “A la fecha solo se unieron ocho y hay tres que están en tratamiento. Por lo cual, si todo sale bien, en 2020 sumaremos a todas las localidades”, enfatizó Seaone.

Las jurisdicciones faltantes son Las Heras, San Rafael, Lavalle, Malargüe, La Paz, Tupungato, Junín, San Carlos, Tunuyán y San Martín.

En cuanto a la percepción de este derecho por parte de la ciudadanía, para el subdirector “todavía hay un gran desconocimiento". Y agregó: "Asumimos el compromiso de concientizar junto a las organizaciones sociales para que los mendocinos sepan que cuentan con estas herramientas al alcance de su mano y que mejoran su participación ciudadana”.

Para el año entrante otra de las metas es "realizar un trabajo en fuerte en materia de transparencia activa, que es un cambio de paradigma”. Se trata de un artículo que contempla la Ley 9070 en el que establece las auditorías de oficio para corroborar el cumplimiento las empresas provinciales. “Esto significa un desafío para nosotros porque nos obliga a estar siempre trabajando”, finalizó Seaone.