Las comisarías de La Pampa recibieron la semana pasada un comunicado de la Jefatura central, en el que se ordena a los encargados de las seccionales que confeccionen listas con los y las agentes que presenten signos de obesidad o sobrepeso. 

El objetivo de la iniciativa es que, quienes sean señalados, se sometan a controles y tratamientos con un nutricionista contratado por la fuerza provincial.

La particularidad del caso es que, según el comunicado en cuestión, los jefes policiales deberán tener en cuenta que “la voluntad y adhesión demostrada en el tratamiento por parte del empleado policial que presenta ese problema de salud influirá notoriamente en la calificación anual, no solamente en el rubro ‘Aptitudes Físicas’, conforme prevé la legislación vigente”.

Dos malas notas en las pruebas anuales puede significar la baja de la fuerza. 

Esto, en pocas palabras significa que los uniformados tendrán que participar del proyecto si es que quieren lograr ascensos. Es que, en la Policía pampeana, las altas calificaciones son necesarias para quienes quieran avanzar en el escalafón y, por el contrario, dos malas notas consecutivas pueden significar incluso la baja de cualquier miembro de la fuerza.

Sobrepeso en la Ciudad

Pero, en rigor, La Pampa no es el único distrito en el que los uniformados tienen algunos kilos de más. En 2014, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) había aprobado un informe en el que reveló que la Policía Metropolitana, que entonces se encargaba de la seguridad porteña, tenía solo el 17 por ciento de su personal masculino con un peso normal. 

Del resto, el 47 por ciento presentaba sobrepeso; el 24% registraba obesidad grado uno; un 10% tenía grado dos; y un 2% mostraba grado tres. Vale aclarar que las últimas dos son consideradas de riesgo elevado por la Organización Mundial de la Salud.   

Por el lado de las mujeres, el 44 por ciento tenía un peso normal y, en cuanto al resto, el 25% acusó sobrepeso; el 16% registraba obesidad grado uno; el 3%, obesidad grado dos; y un 2%, obesidad grado tres. 

Todo esto sin contar que el 28 por ciento del personal no fue evaluado por lo establece la normativa vigente.