La ONG International Budget Partenship (IBP) elaboró la Encuesta de Presupuesto Abierto 2015 que mide la transparencia presupuestaria de 102 países y evalúa si los gobiernos centrales rinden cuentas a la ciudadanía en un formato oportuno y útil.

Cada país recibe un puntaje sobre un total de 100 que determina su clasificación en el ranking. El gobierno de Argentina, con 59 puntos, le brinda información presupuestaria “limitada” a los ciudadanos. 

Los países mejor posicionados son Nueva Zelanda (88), Suecia (87) y Sudáfrica (86); mientras que Qatar y Arabia Saudita son los últimos en la tabla con una puntación de 0.

Si se compara nuestro país a nivel regional, Brasil y Perú se ubican por encima, con 77 y 75 puntos respectivamente. Por debajo, Chile (58), Colombia (57), Ecuador (50), Bolivia (17) y Venezuela (8). 

Aunque el relevamiento afirma que la información que provee nuestro gobierno es “limitada”, hubo un incremento notable en el paso del tiempo. Mientras que en 2006, la calificación obtenida fue de “mínima” con apenas 40 puntos, en 2008 nuestro país ascendió 56 y se mantuvo con el mismo puntaje en 2010. Este año logró trepar tres puntos más en la tabla. 

Participación Ciudadana

El informe sostiene que “la transparencia no es suficiente para mejorar la gobernanza”, sino que además se tiene que incluir la participación del público en la elaboración del presupuesto para obtener resultados positivos.

Para medir este ítem, la Encuesta evalúa el grado en el que el Ejecutivo, la Legislatura y los organismos de control le ofrecen a la ciudadanía oportunidades para participar en el proceso presupuestario. 

Los resultados generales dejan ver que Argentina es “débil” en cuanto a las oportunidades que le ofrece el público para que participe, dado que sacó solo 27 sobre 100 puntos. 

Ahora bien, al desmenuzar este apartado, nos encontramos con que el Ejecutivo y la Legislatura fueron calificados como “débiles”; mientras que las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) proveen elementos “limitados”.

Vigilancia presupuestaria

Las dos instituciones que tienen un papel “crítico” en la planificación y la vigilancia de la implementación de los presupuestos nacionales son: la Legislatura y las EFS.

El primer organismo, afirma el índice, ejerce una vigilancia “limitada” con 30 sobre 100 puntos. En otras palabras, el Ejecutivo “no recibe aprobación previa por parte del Legislativo antes de implementar un presupuesto suplementario”, es decir, gastos no previstos o fondos de contingencia no especificados en el presupuesto.  

La Entidad Fiscalizadora Superior -que en este caso es la Auditoría General de la Nación (AGN)- ofrece una vigilancia “adecuada” y es por eso que obtuvo una puntuación de 92 sobre 100. Según el relevamiento, el organismo de control tiene “entera discreción para llevar a cabo auditorías cuando lo considere adecuado”. 

Recomendaciones 

Para mejorar la transparencia, International Budget Partenship aconseja “aumentar la exhaustividad del proyecto del presupuesto del Ejecutivo mediante la presentación de más información sobre la clasificación de gastos e ingresos”.

También recomienda establecer “mecanismos creíbles y eficaces” para optimizar la participación ciudadana en la elaboración del presupuesto, como audiencias públicas, encuestas y grupos de discusión. 

Con respecto a la vigilancia, la ONG propone instaurar “una oficina de investigación especializada para la Legislatura” y “garantizar que el Ejecutivo reciba aprobación previa por parte del Legislativo antes de implementar un presupuesto suplementario”.