En los próximos días, más de 40.000 empleados públicos con contratos temporales que vencen a fin de año deberán presentarse a rendir un examen de idoneidad. Esta evaluación, que se podrá rendir hasta tres veces, será obligatoria para seguir trabajando en la Administración Pública Nacional.

Si bien desde el Gobierno afirman que la instancia evaluatoria no busca ser un filtro, sino un requisito, los empleados estatales deberán presentar el certificado de idoneidad para acceder a la renovación del contrato. 

La evaluación para los empleados públicos será digital, anónima y presencial. Esta medida forma parte del proceso de racionalización del Estado impulsado por el Gobierno nacional.

Según datos del INDEC, el número de empleados en la administración pública nacional, así como en empresas y sociedades del Estado, disminuyó un 10,96% interanual en octubre, registrándose un total de 305.688 trabajadores. Ahora, otras 40.000 personas serán evaluadas para determinar si continúan en sus puestos.

Cómo serán las pruebas

A partir de esta semana, más de 40.000 empleados públicos tendrán que agendar un turno a través de la plataforma del Sistema de Evaluación Pública (SEP) para realizar los exámenes. El día asignado, los empleados deberán acudir a una sede específica. Se les proporcionará un dispositivo móvil o una computadora portátil para ingresar un código secreto recibido durante la inscripción, lo que garantizará su anonimato durante la prueba y la corrección.

La evaluación consistirá en un cuestionario de entre 20 y 24 preguntas de opción múltiple. Los empleados recibirán la calificación inmediatamente después de finalizar el test, que tendrá una duración de una hora. La evaluación se implementará en etapas y se extenderá hasta enero. 

La evaluación consistirá en un cuestionario de entre 20 y 24 preguntas de opción múltiple.

En esta fase inicial, la evaluación estará dirigida a empleados contratados que residan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debido al carácter presencial de los exámenes. Las oficinas del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en el centro porteño serán la sede principal, aunque también se están considerando otras locaciones, como Tecnópolis. Los empleados de planta permanente, personas con discapacidad y quienes residan fuera del AMBA estarán exentos de esta obligatoriedad.

El test tendrá dos versiones: una para administrativos y otra para profesionales. En ambos casos, se evaluarán tres áreas: comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y administración pública nacional, esta última solo para los profesionales. 

“La evaluación abarca conocimientos de diversas materias, lo cual, de alguna manera, no se ajusta a lo que establece la ley, que señala que la idoneidad debe estar vinculada al tipo de puesto o función a desempeñar”, señaló Eduardo Salas, ex director de la Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP) y del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), en comunicación con Velocidad Argentina en Radio Sí.

Los empleados tendrán hasta tres oportunidades al año para aprobar, y la prueba evaluará su idoneidad en función del puesto, con un nivel mínimo equivalente al secundario completo.

El SEP regulará la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, y los empleados podrán acceder a una guía con modelos de preguntas a través del sitio oficial. El Gobierno tiene previsto que todos los empleados hayan completado el examen en los próximos 45 días.

Idoneidad

“El principio de idoneidad como base para el ingreso y los exámenes para acreditar este principio, están lejos de ser algo novedoso. De hecho, la Ley Marco de Empleo Público sancionada en 1999 como así también el decreto reglamentario 1421/02, plantean las condiciones de conducta e idoneidad para ocupar cargos públicos que se acreditarán mediante regímenes de selección”, desarrolló Diego Pando, presidente de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública (AAEAP), en diálogo con El Auditor.info. 

Por otro lado, Eduardo Salas expresó su apoyo a cualquier medida que busque garantizar la idoneidad de los ciudadanos que desean trabajar en el Estado, "no hay por qué oponerse". Sin embargo, señaló que, en principio, podría considerarse "una medida onerosa sin mayor trascendencia".

"Cualquier modalidad que garantice la acreditación de idoneidad en condiciones de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos es bienvenida", agregó el politólogo. Y recordó que este principio ya estaba contemplado en los convenios colectivos sectoriales aprobados, aunque nunca se implementó.

Precarización del empleo público 

Por otro lado, Pando destacó que “el problema de fondo que urge resolver es la precarización del empleo público”, al señalar que una parte significativa de los trabajadores estatales “nunca tuvo la posibilidad de ingresar a la carrera ante la falta de concursos”. 

Según el especialista, este contexto lleva a que muchos empleados públicos precarizados mantengan un vínculo laboral con el Estado a través de contratos renovables periódicamente, independientemente de su antigüedad.

También subrayó que la “desproporción en la cantidad de personal contratado” generó un “alto grado de discrecionalidad” en la actual gestión, que en los primeros 11 meses redujo más de 20.000 puestos en la administración centralizada y descentralizada, “sin una planificación adecuada”.

“Se avanzó poco en el fortalecimiento de las capacidades estatales en base a una mirada integral de la gestión del servicio civil a partir de ingresos por concursos, capacitación en base a las necesidades de los organismos, planificación y desarrollo de trayectorias laborales, salarios dignos y evaluación del desempeño, entre otras cuestiones”, concluyó el presidente de AAEAP.