En Mendoza hay 42 unidades sanitarias públicas, de las cuales, 23 son hospitales y 18 son áreas departamentales dedicadas a la salud con sus respectivas salas de atención primaria. Estos dispensarios ofrecen su servicio a las casi dos millones de personas que viven en la provincia. Pero ¿quién controla este servicio y de qué manera?

Luis Federico Giménez es auditor del Tribunal de Cuentas mendocino (TCM). Involucrado desde su rol en la temática de salud pública, en 2015, escribió una tesis donde analiza el desempeño de los hospitales, a partir de su interrelación con los órganos y funciones de control público destacando la importancia de los indicadores como trazadores, claves para planificar la gestión de los centros de salud.

A cuatro años “los problemas que encontramos siguen siendo los mismos”, resaltó el auditor. “Es complicado controlar este servicio. Los profesionales de la salud no registran sus entradas y salidas, hay una asimetría de la información que hace que se desconozcan datos y no se pueda monitorear correctamente”, detalló Giménez en dialogo con ElAuditor.info.

La falta de recursos e insumos es otro de los problemas, junto con la inflación. “Este factor afecta a la planificación del presupuesto, hace que las previsiones sean distintas”, especificó Giménez.

Gimenez asegura que "es necesario cambiar el sistema de control para tener una mayor efectividad”.

Uno de los objetivos de su trabajo académico es fortalecer los mecanismos institucionalizados de control público externo, pero ¿de qué modo? “El cómo realmente es un problema. Mendoza es una provincia muy conservadora que no tiene muchas ganas de cambiar su sistema”, expresó Giménez.

Entre las recomendaciones más fuertes que realiza en su tesis de maestría en Auditoría Gubernamental se encuentra una dirigida al Tribunal donde trabaja: “Es necesario cambiar el sistema de control para tener una mayor efectividad”.

Giménez recomienda reformular “la estructura interna del TCM”,  creando una oficina de control de gestión y evaluación de desempeño encargada de auditar al sector público provincial y a sus municipios y de realizar estudios en base a información técnica.

En 2015 en la provincia se aprobó la ley de Administración Financiera que “acomodó solo un poco los sistemas de contabilidad y control, siguiendo el modelo nacional. Pero desde el punto de vista del control externo, no cambio el funcionamiento del organismo, de hecho, el Tribunal mantuvo su normativa del año 1932”.

Para Giménez la discusión de la ley fue una oportunidad para "otorgarle (al TC) otras facultades desde el punto de vista de la auditoría de gestión y de proceso. Hoy el Tribunal sigue cumpliendo una función acotada cuando podría tener mayores facultades en el control público y, en particular, en lo sanitario, pero se mantuvo el Statu quo".