Volvió a sesionar el Colegio de Auditores de la Nación. Como ocurre desde abril, el encuentro se realizó de manera remota y estuvieron presentes todos los auditores generales.  

Entre los informes más destacados de la jornada está el que se realizó en el ámbito de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en relación al cumplimiento del Régimen de Buena Práctica Clínica para estudios de Farmacología Médica en seres humanos durante el período comprendido entre junio de 2016 y marzo de 2019. 

El trabajo elaborado por la gerencia de Planificación y Proyectos Especiales fue presentado por Miguel Ángel Pichetto, quien reveló que el ente auditado no contestó, es decir, no realizó su descargo: “sería importante que el organismo corrija alguna de las cuestiones planteadas en el informe, porque si bien corresponde a un período anterior, tiene que ver con la farmacología clínica en seres humanos y está relacionado con estar debidamente preparados para la llegada de la vacuna contra el COVID". 

En otro orden, Pichetto también presentó un informe en el ámbito del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), sobre la gestión de plaguicidas, permisos de agroquímicos y actualización de rotulados. “El informe presenta 25 hallazgos pero lo más relevante es el riesgo de la salud de la gente. Los envases de agroquímicos luego de ser usados, muchas se lavan y se los vuelve a utilizar para tomar agua, lo que puede provocar un daño irreparable en la salud de la gente”, explicó el auditor. “Lo que plantea la AGN es la construcción de un sistema de trazabilidad para el descarte de esos envases. Hay que ver la posibilidad de que el Ministerio de Salud, a partir de este trabajo, realice una campaña”, agregó. 

Por su parte, el auditor general Gabriel Mihura Estrada presentó un informe en el ámbito del Ente Nacional Regulador de Electricidad referido al cumplimiento de los parámetros de calidad de las empresas Edenor y Edesur sobre los beneficios otorgados a los usuarios electrodependientes por cuestiones de salud (UED). 

“Cuando hay un reclamo, las empresas siempre le piden a los usuarios los mismos datos que ya están cargados en la base de datos y eso demora la atención ante un llamado”, reveló Mihura siguiendo las observaciones del informe y concluyó: “Hay demoras en la resolución de los reclamos y el promedio de tardanza en el arreglo de los cortes es de cinco días”. 

Por último, en el orden del día estaban incluidos varios informes sobre estados contables de distintos programas y organismos del Estado que fueron presentados por el auditor general Javier Fernández. Se aprobaron los ejercicios del Segundo Proyecto de Mejora para la Educación Rural-PROMER II, correspondiente a diciembre de 2019; el Programa de Ampliación de la Cobertura Efectiva en Salud –PACES-, que abarcó desde diciembre de 2018 al mismo mes de 2019 y el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad, también correspondiente a diciembre de 2019.