En 2009, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elaboró un Manual para el Desarrollo de Planes de Seguridad del Agua. Se trató de una suerte de guía destinada a identificar, durante el proceso de tratamiento del vital elemento, los llamados peligros no controlados o atenuados, es decir, el combo formado por fenómenos climáticos y geológicos, y el impacto de la actividad humana sobre la calidad del líquido. 

A once años de ese documento, un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) reveló que la empresa Agua y Saneamiento Argentinos (AySA) realiza su trabajo de potabilización sin seguir los lineamientos de la entidad internacional. 

El organismo de control descubrió que los recaudos detallados en el manual no figuran en registros de AySA, como la Tabla de Riesgos de 2016 o la Matriz de Agua Superficial de 2017 y 2018. 

Y agrega que, si bien la empresa “realiza diferentes acciones para contar con información (que dé) respuesta a los fenómenos, (por ejemplo) la Red de Monitoreo de la Cuenca del Plata, no identifica los peligros no controlados o atenuados, tal como lo recomienda el mencionado manual”. 

¿Cuál es el peligro de esos fenómenos? Detalla la AGN que “las actividades antrópicas y los hechos de la naturaleza pueden generar contaminación de origen orgánico, microbiológico o químico y alteraciones en la calidad del agua de las fuentes”. 

Además, se añade que, “al no contemplarse estos peligros en el proceso de tratamiento en la cuenca de captación, se corre el riesgo de que las medidas adoptadas para potabilizar el agua no resulten eficaces”.

Vale resaltar que, entre las acciones humanas, se destacan las producciones agrícolas, industriales, forestales y recreativas, además de la cercanía a las cuencas de mataderos, desarrollos urbanísticos y hasta de aeropuertos, como el porteño Jorge Newbery, ubicado frente a la planta potabilizadora San Martín, la más importante de AySA, que trata 3,1 millones de metros cúbicos de agua por día y abastece a poco menos de 6 millones de personas. 

Por otra parte, la Auditoría contó que en 2014, un área de AySA, puntualmente la Dirección Técnica y de Desarrollo Tecnológico, había presentado un plan operativo en el que se proponía estudiar “contaminantes químicos emergentes, como fármacos, nuevos pesticidas, subproductos de desinfección, de cuidado personal, químicos de uso industrial, toxinas naturales y disruptores endocrinos potenciales, que podrían impactar en la salud ecológica y humana”.

Pero la idea, esgrimida como respuesta al “fenómeno del cambio climático y sus efectos”, decía aquel proyecto de 2014, nunca tuvo un correlato en la realidad. Es que, por un lado, “el marco regulatorio no obliga a AySA a investigar sobre el particular”, afirma la AGN y completa que, puertas adentro de la empresa, “no existen registros de ensayos de contaminantes emergentes”.

Para completar, el organismo de control observó que “no se evidencia la existencia de planes y proyectos” por parte de AySA “vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS)” de la ONU. 

En la misma línea, los investigadores tampoco encontraron “mecanismos e indicadores para evaluar la eficiencia y eficacia del cumplimiento de las metas, ni se elaboraron informes sobre el progreso” de los ODS.

Y esto llamó la atención de la Auditoría por dos motivos. En primer lugar, porque el Plan Estratégico 2011-2020 de la propia AySA establecía actualizar sus directrices en función de los ODS y, en segundo término, porque en 2018 la Jefatura de Gabinete estableció, mediante una Decisión Administrativa, los llamados Lineamientos de Buen Gobierno para las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, que exponían -justamente- “la importancia significativa en términos sociales e institucionales de iniciativas y políticas congruentes con la sustentabilidad”, narró el informe.