Poder Ciudadano organizó una charla virtual donde el eje principal fueron las compras y contrataciones del Estado durante la pandemia de COVID-19. Uno de los anfitriones, Germán Emanuele, fue quien arrojó algunos datos recabados por el observatorio de compras que diseñó la organización. 

“Ni bien iniciada la pandemia comenzamos a ver con cierta preocupación cómo se iban dando las medidas no solo en Argentina, sino a nivel regional y vimos la necesidad de utilizar de modo lo más eficiente posible los recursos públicos para atender el impacto de la pandemia en salud y también en lo económico”, analizó Emanuele y agregó: “En Argentina la declaración de la pandemia generó un nuevo marco normativo de excepción para todo lo que tiene que ver con las compras y contrataciones. Se produjo una centralización de las decisiones entre el Poder Ejecutivo y algunos ministerios, como el de Salud. Se aumentó la discrecionalidad y hubo una disminución del sistema de control y rendición de cuentas”.

Para Poder Ciudadano hubo una disminución del sistema de control y rendición de cuentas 

En términos de transparencia, Emanuel afirmó que detectaron que la cantidad de información publicada es baja y consideró que hace falta mejorar la integridad de los procesos de compras y contrataciones y no solo brindar información, sino tratar de unificarla.

En esa línea, el presidente de la Auditoría General de la Nación, Jesús Rodríguez, sostuvo que las respuestas frente a la pandemia traen desequilibrios entre los poderes, decisiones, medidas extraordinarias y debilitamiento de los esquemas de control. “En sistemas presidencialistas, la rendición de cuentas es decisiva. Tiene que ser vertical, donde los organismos y funcionarios rinden cuentas ante los ciudadanos. Ahí aparece la dimensión de las ONG y los medios de comunicación para vehiculizarla”, continuó.

Miranda: "las UAI controlaron todos los pasos previos a las contrataciones"

Para finalizar, pensando en el pospandemia, Rodríguez citó un informe lanzado por la Comisión Internacional de Derechos Humanos que advierte que la respuesta ágil de los poderes ejecutivos no puede significar decisiones oficiales fuera de control. “La Comisión señaló que es necesario fortalecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Llamó la atención ante la falta de publicidad de contrataciones y compras públicas y cuando se limita el goce y el ejercicio de los derechos humanos”, concluyó. 

Por otro lado, la Síndica General Adjunta de la Nación, Irma Miranda entendió que ante la necesidad de abastecerse de productos y equipamientos indispensables para atender la emergencia, se debieron establecer procedimientos de adquisición de bienes que permitieron dar respuestas integrales a todas las áreas. “La celeridad no significó que dejemos de tener controles. Las UAI controlaron todos los pasos previos a las contrataciones”, aseguró. 

También participaron del evento Sergio Rodríguez, fiscal nacional de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, y Rosario Pavese, coordinadora de Apoyo a Países Open Government Partnership.