La Contraloría general de Perú presentó el “Índice de Corrupción e Inconducta Funcional” (INCO) en base a la gestión 2022. Este estudio nace a partir de la fiscalización que realizaron a 2.815 entidades públicas, de las cuales 367 corresponden al gobierno nacional, 558 al gobierno regional y 1.980 al gobierno local.

El índice se enfoca en proponer y estimar indicadores relacionados a fenómenos de la corrupción burocrática e inconducta funcional tomando como referencia la información pública proporcionada por sistemas de información que son indicativos de posibles riesgos de ocurrencia del fenómeno de interés. Está estructurado por dos dimensiones, cinco variables y 18 indicadores. La suma de los indicadores da el puntaje de cada variable, así como la suma de las variables da el puntaje de cada dimensión.

La Contraloría halló que hay 421 entidades del Estado que tienen niveles de corrupción por encima de los 50 puntos (sobre 100) lo cual implica que tienen un nivel medio a alto de corrupción.

Hay 13 entidades con el nivel máximo de corrupción e inconducta funcional: Gobierno Regional de Áncash (84.1), Gobierno Regional de Piura (82.2), MTC - Provias Nacional (81.7), Gobierno Regional de Junín (81.2), Gobierno Regional de Puno (80.4), Gobierno Regional de Loreto (80.4), Municipalidad Provincial de Trujillo (78), Universidad Nacional Mayor de San Marcos (77.8), Municipalidad Metropolitana de Lima (77.1), Gobierno Regional de Tumbes (76.1), Región Tumbes - Salud (75.8), Ministerio de Salud (75.5) y Gobierno Regional de Moquegua (75.2).

En el informe se señala que durante 2022 hubieron unas 76 mil obras públicas en todo el país digitadas sin proceso, equivalente a 9.250 millones de soles peruanos, unos 2.000 millones de dólares. Por esto el contralor Nelson Shack aseguró que a los funcionarios “les llegará su acción de control y su pliego de cargos para que expliquen por qué hicieron esta barbaridad”.

Otra problemática que aparece en el INCO es que hay varias unidades ejecutoras con proyectos caducos y abandonados, contrataciones que son materia de impedimentos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, presuntas irregularidades en la gestión de planillas, entre otros.

Además, se contrataron a 8.441 consultores, donde se gastó más de 123 millones de soles, es decir 33 millones de dólares y la mayoría de las consultorías se realizaron fuera del país.