El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) presentó su informe de gestión correspondiente a los años 2021, 2022 y 2023. El documento revela los datos estadísticos del sector, y también detalla los logros y avances alcanzados. 

El INAES es un organismo descentralizado de la Jefatura de Gabinete de Ministros y es el encargado de registrar, promocionar, regular y fiscalizar a las cooperativas y mutuales de todo el país. 

Al concluir 2023, se registraron 22.393 cooperativas vigentes distribuidas en todo el país. Del total, el 46% se inscribió en estos últimos tres años, con un pico durante 2022 de 5.142 cooperativas anotadas. La región centro es la que mayor cantidad de cooperativas concentra con 12.718 entidades, lo que representa el 57%. 

La provincia de Buenos Aires concentra a 94.168 trabajadores/as del sector cooperativo, la mayor cantidad entre las provincias. 

En relación al mercado laboral, el sector cooperativo da trabajo a 333.878 personas, entre las que se encuentran las asociadas a cooperativas de trabajo y las que están en relación de dependencia. Del total de las entidades, el 81,5% son cooperativas de trabajo, seguidas por cooperativas de servicios públicos (5,3%), las cooperativas de vivienda (4%) y las agropecuarias (3,7%).

Sobre mutuales, se dio a conocer que hay 3.903 registradas a nivel nacional. Con una alta concentración en la región centro, al igual que las cooperativas, que representan el 75,99% del total. Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires concentran, entre las dos, el 55% de las mutuales. El sector mutual aloja 34.514 trabajadores. Todos en relación de dependencia. 

El informe presentó los avances significativos logrados en el sector cooperativo y mutual con el acompañamiento activo del instituto. Entre ellos se destacan las acciones orientadas a fortalecer los entramados productivos locales y el desarrollo federal, poniendo especial atención en las unidades productivas cuyo crecimiento tiene la capacidad de mejorar las condiciones socio económicas de las comunidades que actualmente se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Por otro lado, el Instituto orientó acciones que tienden a la eliminación de violencias patriarcales que afectan a miembros de las entidades. Se impulsaron las modificaciones normativas tendientes a resolver las problemáticas en torno a la distribución desigual de tareas entre los géneros y el acceso a cargos de dirección. Al mismo tiempo, se orientó hacia la inclusión y equiparación de oportunidades para garantizar una participación equitativa de identidades disidentes y/o parte del colectivo LGBTIQ+. 

De igual manera, se impulsó el desarrollo de actividades productivas sustentables que prevean en su planificación, evaluación y desarrollo el cuidado del ambiente. 

Por último, se estimuló la participación de los pueblos originarios, sin colisionar con sus propios entramados locales/territoriales ni con sus cosmovisiones. Al mismo tiempo que la internacionalización de la economía social y solidaria, con el objeto de fortalecer el posicionamiento de las cooperativas argentinas en el mercado internacional.