Con fuertes polémicas, se trató en la AGN el Contrato de Participación Público Privada
Tras un extenso debate sobre el convenio PPP de la Red de Autopistas y Rutas Seguras se aprobó un proyecto de informe apoyado por una mayoría y se incluyó otro sostenido por la minoría.
Volvió a sesionar de forma remota el Colegio de Auditores de la Nación. Estuvieron presentes todos los auditores generales y el tema central del cónclave fue el tratamiento y posterior aprobación del Contrato de Participación Público Privada (PPP) Red de Autopistas y Rutas Seguras – Rars Etapa 1.
El encargado de presentar el trabajo fue el auditor general Gabriel Mihura Estrada, quien primero recordó que en 2018 el Colegio de Auditores “encomendó al gerente de Coordinación, la conformación de un grupo de trabajo para abocarse al análisis de ese tipo de proyectos” con el objetivo de que todos "interactuaran en todas las instancias de acuerdo a sus capacidades”, aclaró.
Sobre los aspectos normativos del informe en sí mismo, Mihura mencionó que “no se encuentran justificadas las razones por las cuales se considera que el interés público se verá mejor atendido mediante el régimen de PPP frente a otras alternativas contractuales”.
En cuanto al procedimiento, el trabajo revela que “el auditado no explicitó los criterios de planificación por los cuales se definió la prioridad del proyecto entre otros” y que “el relevamiento de documentación no advierte el por qué de la prioridad”.
El último aspecto que analiza es el constructivo. “El contrato PPP contempla obras adicionales no previstas y libera la negociación entre partes, lo que pone en riesgo de vulnerabilidad al sistema de contrataciones”, mencionó Mihura tal cual explica el trabajo de auditoría.
Pero antes de se aprobado hubo lugar para la polémica. El auditor General Alejandro Nieva sentenció: “El informe tiene problemas sustanciales; quiebra el procedimiento de trabajo, se reescribe por fuera del equipo de auditoría”. También manifestó que se incorporaron objetivos no contenidos en la planificación y se eliminaron resultados sustentados en evidencia obtenida.
"Son cuestiones que no son propias del proceso de control gubernamental que tenemos en la Auditoría”, enfatizó y concluyó: “No defendemos una gestión, ni tampoco defendemos una opinión que podamos tener. Lo que es importante es que se respeten los procedimientos”.
Según el informe defendido por Nieva, en palabras de el auditor, el contrato PPP cumple con los objetivos y finalidades establecidos por la ley. Sin embargo, se marcan falencias como la falta de evidencia de procedimientos de negociación y gestiones preliminares vinculadas a determinar los honorarios previstos en los contratos.
Tras un extenso debate en el que participaron todos los auditores generales, hubo un trabajo aprobado por la mayoría (Mihura Estrada, De La Rosa, Forlón y Fernández) y otro por la minoría (Pichetto, Nieva y Jesús Fernández). Posteriormente, se analizaron otros informes sobre estados contables de distintos organismos del Estado.