La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEF) realizó un relevamiento para evaluar los datos abiertos de la región, y resaltó que son “una tendencia mundial iniciada aproximadamente hace 10 años para facilitar la transparencia, la responsabilidad y la participación ciudadana en la gobernanza, fiscalización y rendición de cuentas de la Administración Pública así como para monitorear y alcanzar los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS)”.

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En el informe se destacó que “Latinoamérica se desempeña relativamente bien” pero el avance en iniciativas de este tipo está concentrado en solo cinco países: México, Brasil, Uruguay, Colombia y Chile. En una escala macro, la región “está preparada en un nivel intermedio para asumir las resoluciones”.

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“La participación ciudadana es el aspecto más destacado en la preparación de los países para aprovechar el potencial de los datos abiertos”, asegura la OLACEF. La organización sostuvo que América Latina tiene organizaciones de la sociedad civil “empoderadas y participativas”, que además están haciendo alianzas con las agencias de datos abiertos.

Para OLACEFS, América Latina tiene organizaciones de la sociedad civil “empoderadas y participativas”

Sobre este punto, agregaron que “en presencia de sociedades civiles más fuertes, los países de la región tienen mayor probabilidad de poseer mejores políticas de datos abiertos, mejor calidad de datasets y un mayor impacto político y social”.

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Según el informe, la mayoría de los países presentan un buen nivel de madurez en su marco legal de protección de datos personales y acceso a la información. Además, más de la mitad, cuenta con portales nacionales de datos abiertos.

Más allá de lo positivo, América Latina “muestra una brecha significativa entre los avances en preparación e implementación versus la generación de impacto desde los datos abiertos”. Esto ocurre porque el respaldo político a las propuestas de transparencia es aún limitado y “está más enfocado en acciones temporales que en políticas sostenibles”, indicaron.

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Por otro lado, “el nivel de madurez en la apertura de conjuntos de datos, que son clave para que la sociedad civil pueda participar en la rendición de cuentas públicas, es muy básico”. Desde OLACEF resaltaron que este tipo de normativas “no están trascendiendo en un beneficio socio económico y se observa un impacto solo en lo político”.

Con este panorama establecido, la organización recomendó “sensibilizar, fortalecer capacidades e implementar datos abiertos en las Entidades de Fiscalización Superior, orientados a facilitar la participación ciudadana en el control, aprovechando la experiencia desarrollada en la región”. Y sobre este punto pidieron el apoyo “en la generación de capacidades en la sociedad civil”.

“Abrir datos es clave para facilitar que la sociedad civil brinde mayores aportes en la fiscalización y rendición de cuentas públicas y ayude a equilibrar la generación de impacto político, social y económico", sostuvieron y concluyeron que a través de ello "también se impulse el cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030”.