“La instalación en las calles de fuerzas policiales armadas utilizando los móviles que provee el Estado excede las formas aceptadas por nuestra sociedad para resolver los conflictos en un estado de derecho y ponen en riesgo las instituciones democráticas. El deterioro de los salarios denunciado en ese reclamo afecta al conjunto de los trabajadores estatales de la provincia, por lo que resulta urgente la convocatoria para dar continuidad a las negociaciones salariales en todos los sectores del Estado -a nivel provincial y municipal-, en las que se garantice una recomposición inmediata de los haberes”, indica el documento firmado por varios gremios estatales de la Provincia de Buenos Aires a partir del conflicto de la Policía Bonaerense que dejó como imagen central del reclamo el rodeo de la Quinta de Olivos. 

AEMOPBA, AERI, AJB, AMET, APL, APOC, ATE, CICOP, FEB, FEGEPPBA, FESIMUBO, SINDICATO GRÁFICO PLATENSE, SINDICATO PERSONAL MENSUAL DE HIPÓDROMO, SOEME, SOSBA, SSP, SUTEBA y UDOCBA manifestaron su preocupación y rechazo al método empleado para manifestarse. 

El Auditor.info se comunicó con el secretario general de APOC Seccional Provincia de Buenos Aires, Pedro Fernández, quien además es secretario de Prensa y Administrativo de la Federación de Gremios Estatales de la Provincia de Buenos Aires. 

“El reclamo salarial de la Policía es justo y legítimo. Los trabajadores policiales merecen un salario mejor, un entrenamiento mejor y una capacitación mejor, pero quedó en evidencia que no hubo una conducción unánime del reclamo y así la problemática se anarquiza”, analizó Fernández. 

En esa línea, el referente de APOC mencionó que “es necesario que haya una representación gremial, tal vez un poco más acotada que la que tienen los medios tradicionales del sector civil” y que ello resulta "importante para que no se produzcan estas situaciones”. 

Pero la situación manifestada por la Policía, según los sindicatos firmantes del documento, es una realidad que toca a todos los trabajadores del Estado. “Tanto los gremios nucleados por la CTA, la CGT o federaciones, tenemos una problemática común que es la necesidad de discutir muchas cuestiones pero principalmente la salarial”, reconoció Fernández y remarcó que “hay un retraso descomunal de los salarios, en parte por arrastre de 2018 y 2019”. 

“El Estado bonaerense tiene la obligación de abrir la paritaria 2019 con más de un 35% de pérdida salarial más un arrastre de estos nueve meses de 2020 que tampoco se discutió. Es una situación transversal en el sector público bonaerense, incluyendo a todos los poderes y actividades”, concluyó Fernández.