Finalizó el proceso de ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. La Misión Permanente ante los Organismos Internacionales entregó el documento que reafirma el compromiso del país. Desde ahora, Argentina tiene un año para adecuar la normativa interna a los lineamientos del instrumento. En un informe de la Secretaría de Gestión y Empleo Público (SGyEP) se detalla que desde 2016 a 2019 se duplicaron las denuncias por violencia laboral en el ámbito del personal civil de la Administración Pública Nacional (APN).

El convenio es una herramienta fundamental para prevenir el acoso y la violencia dentro del mundo del trabajo. El informe, del área que dirige Ana Castellani, se presentó a mediados de febrero en el marco del segundo conversatorio titulado Aportes y Desafíos del Convenio 190, organizado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación. 

Las denuncias recibidas, dentro de la APN, desde 2016 a 2019 son en total 388, de las cuales el 80% fueron realizadas por mujeres y en el 50% de los casos se corroboró como violencia laboral. Sólo en 2019 se recibieron 122 denuncias. En 2020, por la cuarentena, se dispuso la posibilidad de realizar demandas de manera online a través de la plataforma Trámites a Distancia y, de esta manera, se recibieron 78 denuncias, 48 de mujeres y 30 de varones.

Convenio 190: entre 2016 y 2019 se duplicaron las denuncias por violencia laboral

Entre los desafíos a futuro, en el informe, se observa la necesidad de fortalecer la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato para que pueda funcionar en más organizaciones, desarrollar campañas de sensibilización en el tema, producir más y mejores datos sobre las denuncias, y relevar la situación de los empleados que se rigen por fuera del Convenio de Trabajo Colectivo, en la APN son 73 mil en esta situación. 

“Analizar junto a los Ministerios de Defensa, Seguridad y Justicia qué se hace en términos de prevención sobre la violencia laboral en las Fuerzas Armadas y de Seguridad”, es el último de los desafíos que indicaron desde la Secretaría. En la Administración Pública Nacional trabajan 379.958 personas, en el ámbito civil son 186.894 empleados, mientras que en el sector militar y de seguridad son 193.064, los cuales no se incluyen dentro del análisis de las denuncias. 

Argentina es el segundo país de América Latina y el cuarto en el mundo en ratificar este convenio clave para un ambiente laboral sano. El Congreso Nacional lo ratificó en diciembre de 2020 y se implementó mediante la Ley 27.589, “reconociendo el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género”, reza el texto. 

Una década de trabajo

Desde la Unión Latinoamericana de Trabajadores de Organismos de Control (ULATOC), la Red ICJ (que agrupa a los organismos de Impuestos, Control y Justicia) y la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC) trabajaron durante más de una década para lograr que este convenio se aplique en el país. También, colaboraron de forma activa en el mejoramiento de la normativa, que entra en vigor el 25 de junio de este año.