Mediante un Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación, se aprobó un Acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado Nacional y Olga del Rosario Díaz, víctima de violencia de género ante el incumplimiento del gobierno argentino de su “obligación de debida diligencia” en un intento de femicidio. 

Los hechos de violencia de género que sufrió Olga Díaz iniciaron en 2002, año en el que intentó separarse de su entonces pareja, quien la amenazó de muerte. Los sucesos fueron denunciados y se inició una causa penal cuyo trámite estuvo paralizado durante quince años. 

Recién en diciembre de 2016 la víctima pudo ponerle fin al vínculo y se fue a vivir con una de sus hijas. El 2 de febrero de 2017 denunció al violento y pidió medidas de protección para ella y para sus hijos. El 24 de marzo su ex pareja la apuñaló en su hogar. Olga no tenía ningún dispositivo o medida judicial que la ayudara. 

Por esta sucesión de desprotecciones por parte del Estado se inició una denuncia por el incumplimiento de “la obligación de debida diligencia reforzada para prevenir hechos de violencia de género, en especial la tentativa de femicidio”.

En octubre de 2019 comenzó un proceso de diálogo entre las partes con la Defensoría General de la Nación como intermediaria. Ahora, el Estado nacional suscribió a lo acordado con un decreto en donde se reconoce la responsabilidad internacional por el deficiente tratamiento judicial dado al caso. A partir de esto, la víctima recibirá una reparación pecuniaria, cuyo monto será fijado por un tribunal arbitral. Además, se incluye un pedido público de disculpas y el apoyo interdisciplinario integral por parte de distintas dependencias estatales.

También, a partir de este decreto, el Estado argentino se comprometió a elaborar y publicar un documento con “Principios Generales de Actuación”, dirigido a los operadores del Poder Judicial de la Nación y al resto de los actores que intervienen en la gestión de denuncias de violencia de género, a fin de generar buenas prácticas en la atención de este tipo de casos.

En segundo lugar, prometió “capacitar a jueces y personal policial sobre el deber de prevenir, investigar y sancionar la violencia de género y sobre los efectos negativos que tienen los estereotipos de género en la tramitación de las denuncias”.

Por otra parte, se convocó a organismos con competencia en la atención de casos de violencia de género para la formulación de un protocolo de articulación institucional. “Ante la falta de un fuero especializado, con esta herramienta se pretende lograr una mejor coordinación de quienes intervienen en la gestión de las denuncias, para evitar la reiteración innecesaria de las declaraciones de las damnificadas y minimizar su revictimización”, indicaron.

Por último, desde el Estado se propuso “incluir la evaluación de conocimientos sobre cuestiones de género y violencia contra las mujeres en los concursos para cubrir cargos en el Poder Judicial de la Nación”, y confeccionar un registro público de denuncias presentadas contra magistrados por situaciones vinculadas con violencia de género, en el que conste el trámite que se les imparte.