Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020 se registraron 143 femicidios en Argentina. El dato se desprende del registro nacional que realiza el Observatorio Mumala. Además hay 18 casos que aún están siendo investigados y otros números para analizar: 177 niños se quedaron sin madre, el 20% de las víctimas había realizado denuncia previa, el 21% de los femicidas se suicidó y el 4% de los agresores pertenecía a las fuerzas de seguridad. 

En medio de la pandemia, un dato relevante es que el 36% de los crímenes ocurrieron en el hogar de la víctima y el vínculo, casi en la mitad de los casos, era de pareja. Y si de confinamiento se trata, el registro de Mumala refleja que desde el 12 de marzo, día que los chicos ya no fueron más al colegio, hubo 80 femicidios. 

“Esto nos sigue dando a entender que el hogar de la víctima sigue siendo el lugar más inseguro. Claramente con estos datos dentro de la cuarentena notamos que se agudizó la problemática en cuanto al porcentual de hechos ocurridos dentro del domicilio”, analizó en diálogo con Radio Si, María Victoria Aguirre, coordinadora de Mumala en CABA y agregó que “el círculo más íntimo de la víctima sigue siendo el que perpetra al crimen”. 

"El hogar de la víctima sigue siendo el lugar más inseguro", según Aguirre

Paralelamente con el lanzamiento del registro nacional, el Observatorio presentó distintas cartas al presidente de la Nación y a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Por eso, desde la organización celebraron que se haya presentado Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género para los próximos dos años, que abarca no solo a las mujeres sino también a la población LGBTI+.

“Solicitamos un abordaje más interdisciplinario en el que podamos participar las organizaciones sociales. Celebramos la presentación del plan de acción nacional. Venimos pidiendo la declaración de la emergencia Ni Una Menos, necesitamos una respuesta y tiene que ser con un presupuesto acorde”, agregó Aguirre. 

Plan Nacional de Acción

Prevé el establecimiento de centros de abordaje integral de las violencias por razones de género en las provincias y da creación a un programa de apoyo económico urgente y de asistencia integral inmediata para familiares en casos de femicidios, travesticidios y trasfemicidios.

El 4% de los agresores pertenecía a las fuerzas de seguridad. 

La iniciativa, entre otras cuestiones, moderniza la Línea 144: se promoverá que no solo se reciban denuncias en oficinas judiciales sino también en otras agencias del Estado.

También plantea acciones a mediano y largo plazo para modificar los patrones culturales y estructurales que sostienen las desigualdades basadas en el género, como por ejemplo, las campañas en los medios de comunicación sobre construcción de otras masculinidades y pone en el centro de las prioridades la producción de información de calidad para la toma de decisiones basadas en la evidencia.