El Tribunal de Cuentas de Francia le pide al Estado que mejore la gestión de la política migratoria
Un informe publicado por el organismo revela, en base a datos sobre los beneficiarios de la ayuda médica estatal, que durante 2023 los inmigrantes “ilegales” fueron 439 mil.
El Tribunal de Cuentas de Francia no tuvo receso invernal. Durante la primera semana del año, el organismo publicó un informe en el que recomienda al Estado gestionar mejor la política migratoria para poder administrar de manera más eficaz las expulsiones del país.
Según el informe publicado por el organismo, con fecha 4 de enero, en junio de 2023 se registraron en Francia alrededor de 439.000 inmigrantes “ilegales”. “Los extranjeros en situación irregular pueden haber entrado a Francia sin derechos ni títulos. También pudieron haberlo hecho legalmente pero permanecen más allá de la duración autorizada de su estancia. Es difícil evaluar el número, generalmente se estima en función del número de beneficiarios de la ayuda médica estatal”, aclara el documento.
En relación a la gestión de fronteras, el Tribunal francés explica en su informe que “desde 2015 su protección es responsabilidad de la Policía de Fronteras y de las aduanas, que comparten 126 puntos de entrada desde otros países”.
“Este control tiene una eficacia limitada”, observó el organismo de control y recomendó “adaptar las competencias de inspección de la policía de fronteras a las de las aduanas, revisar la asignación de pasos fronterizos entre las dos administraciones y recopilar y preservar la identidad de las personas detenidas en la frontera”.
El organismo de control aclara que la falta de controles se materializa en ausencia de documentación y falta de personal. Estos dos factores, según el estudio, conspiran contra la expulsión de los migrantes que se encuentran de forma irregular en el país.
Por otro lado, el informe indica que el gasto anual de estas políticas que administra el Ministerio del Interior es de €1.800 millones y movilizan a casi 16.000 funcionarios públicos y militares a tiempo completo. En relación a eso, el Tribunal francés menciona que “la coordinación interministerial, en particular con el Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores, no está suficientemente desarrollada”.
¿Qué pasa cuando se identifica a un inmigrante ilegal?
En Francia, según explica el informe del Tribunal de Cuentas, el regreso de una persona a su país de origen puede ser voluntario, asistido o forzado. La mayoría de los casos son expulsiones forzadas, ya que los extranjeros buscan permanecer en el país.
Lo que observó el organismo de control en relación a eso es que “la expulsión forzosa se ve obstaculizada por varias dificultades”.
“Los Centros de Detención Administrativa carecen de policías que los supervisen, lo que limita las plazas disponibles y entre un 20 y un 30% de los extranjeros no son identificados con certeza, lo que impide su expulsión”, señala el informe.
El trabajo de los auditores franceses, además, revela que entre 2019 y 2022 se emitieron 447.257 obligaciones de salida del territorio, lo que provoca una situación de “saturación” y sólo se ejecutó el 12%. Ante ese volumen, recomienda reforzar los recursos humanos y simplificar los litigios en materia de extranjería.
En Sudamérica también
A mediados de 2023, la Contraloría General de Chile realizó una auditoría al Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) con el fin de analizar el proceso de solicitudes de residencias temporales y definitivas. El trabajo encontró retrasos, falta de políticas de seguridad y deficiencia en los sistemas tecnológicos para las solicitudes de residencia, además de pérdidas de información.
El análisis realizado por la Contraloría encontró retrasos de entre 180 a 990 días de demora en el procesamiento de solicitudes de residencia temporal y permanente. Asimismo, detalló que en agosto de 2022 había 37.284 y 158.883 solicitudes de residencias temporales y definitivas, respectivamente, que aún no habían sido gestionadas por el Servicio Nacional de Migraciones.