La AGN aprobó un informe sobre el uso de títulos públicos como garantía de inversión entre 2016 y 2019
Según el trabajo de los auditores, que contó con el voto de la mayoría, en ese lapso el Estado generó una deuda con privados de U$S 7.639 millones. Fue por las compensaciones del Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER).
Durante la última sesión del año del Colegio de Auditores Generales de la Auditoría General de la Nación (AGN), se aprobó un informe en el ámbito del Ministerio de Economía referido al Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER) - Uso de Títulos Públicos como Garantía. El periodo auditado abarcó desde enero de 2016 hasta diciembre de 2019.
El informe analiza el marco normativo y contractual de las letras del tesoro dadas como garantías del FODER, las condiciones de instrumentación de las letras, la registración, el mecanismo de activación de venta y el impacto fiscal. El objetivo de la AGN fue evaluar la deuda pública contingente generada por letras del tesoro para ser entregadas como garantía al FODER y al programa RENOVAR, tal cual explicó el auditor general, Javier Fernández, que fue el encargado de presentar el trabajo.
¿Qué es el FODER? Se trata de un fideicomiso público que garantiza el pago de energía y respalda el cumplimiento de obligaciones de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), en los contratos de compraventa de energía. El RENOVAR, en cambio, fue creado en 2016 para fomentar el uso de fuentes renovables destinadas a la producción de energía eléctrica y garantiza sostenibilidad financiera a los inversores asegurándose el recupero de su inversión original.
Justamente en 2016, a través del Decreto 882, se estableció la emisión de letras en dólares como garantía por parte del Estado para garantizar al privado estabilidad financiera y cambiaria para sus proyectos. Dichas letras podían ser reclamadas en caso de falta de pago a las empresas generadoras de energía en cuatro liquidaciones consecutivas o en seis no consecutivas durante un periodo de 12 meses.
Según la AGN, la deuda que se generó por el uso de letras del Estado como garantía de ambos programas fue de U$S 7.639 millones. “Representó el 61,5% del total de avales y garantías emitidas por el Estado Nacional e impactó directamente en la deuda total de la administración”, detalló el auditor Fernández.
Otro de los hallazgos de los auditores es que “el fideicomiso no posee una cuenta específica para identificar los montos de garantía de pago por energía”.
“Los Estados Contables 2017, 2018 y 2019 no coinciden con los montos detallados por el BICE como afectado a la garantía de pago de precio por energía y no se controló la disponibilidad de fondos por parte de CAMMESA”, agregó Fernández sobre el informe.
Por último y en relación al Ministerio de Economía, los auditores observaron “falta de actualización en el sistema de datos de administración de la deuda pública”, lo que afecta a la toma de decisiones.