El Colegio de Auditores de la Nación (AGN) aprobó, con disidencia, un informe en el ámbito de la Secretaría de Energía, referido al Programa de abastecimiento de Energía Eléctrica a partir de fuentes renovables (RENOVAR). El periodo auditado abarca desde el inicio del Programa en mayo de 2016 hasta la fecha establecida para el cumplimiento de la tercera meta fijada por la Ley 27.191 en diciembre de 2021.

El encargado de presentar el informe fue el auditor general, Gabriel Mihura Estrada, quien repasó que en 2006 se sancionó la Ley 26.190, a través de la cual se estableció un régimen de fomento para la utilización de energías renovables, es decir, aquellas que no utilizan combustibles fósiles. La normativa declaró de interés público la generación de energía eléctrica a partir del uso de fuentes de energía renovables con destino a la prestación del servicio público, como así también a la investigación para el desarrollo tecnológico y la fabricación de equipos generadores de esa clase de energía. Además, se fijó como objetivo alcanzar el 8% de contribución de energías renovables en el total de consumo eléctrico del país en 10 años.

Luego, en 2015, se sancionó la Ley 27.191. De esa manera se estableció de forma permanente el régimen de fomento propuesto por la anterior normativa, se propuso un nuevo objetivo del 20% de participación de renovables en la electricidad consumida en el país y se implementó el programa RENOVAR.

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El programa RENOVAR involucra un conjunto de procesos licitatorios tendientes a la contratación en el mercado eléctrico mayorista de energías de fuentes renovables, sobre las bases de beneficios fiscales, financiamiento y garantías, a través de un fondo fiduciario.

Entre los hallazgos, el informe de la AGN destacó “la ausencia de un marco jurídico general que agrupe las rondas licitatorias, establezca normas comunes y objetivos detallados y específicos, así como la falta de definición de metas e indicadores con relación a cuestiones del programa tales como precio y potencia”. 

“Esto limita el conocimiento de la eficacia y positividad de las políticas implementadas a través del RENOVAR”, agregó Mihura Estrada.

En esa línea, el informe también reveló que “la ausencia de objetivos específicos en la etapa de planificación del programa, sumado a la falta de planificación, limitan medir su eficacia y dan cuenta de un cierto grado de improvisación en su implementación”.

Por último, Mihura Estrada agregó, en base a la letra del informe respecto de los procesos licitatorios, que “no se verificó la relación entre los precios máximos con los costos de inversión y la rentabilidad de las empresas participantes”. “El organismo auditado, ante la consulta de la AGN, respondió que no disponía de esa información”, señaló el auditor general.

El informe se aprobó con la disidencia parcial de los auditores generales Alejandro Nieva, Miguel Ángel Pichetto y el presidente del Colegio de Auditores, Jesús Rodríguez.

Alejandro Nieva, que estuvo presente en la sesión de manera virtual, aclaró que el bloque disidente acompaña las observaciones que tienen que ver con falta de planificación, pero destacó que el RENOVAR “fue un programa exitoso para la Argentina”. 

“Hay una evolución desde el año 2011 en lo que hace a la producción de energía renovable en nuestro país; se pasó del 1% al 13% hacia 2017 y 2021”, detalló.

Por su parte, Miguel Ángel Pichetto consideró que “en el informe hay situaciones que se mencionan como críticas y son análisis del Gobierno de ese momento”. “Algunas de las decisiones del RENOVAR venían de un programa del Gobierno anterior al periodo auditado”, remarcó.  

Por último el presidente del Colegio de Auditores, Jesús Rodríguez, analizó que “el avance en la mitigación del uso de energías no renovables, no sustituye la necesidad de tener un plan estratégico en el sector energético, que la Argentina no dispone”.