La SIGEN controlará a la Agencia Federal de Inteligencia
El organismo de control interno del Poder Ejecutivo ahora auditará los fondos de la AFI, los cuales se encontraban en estado reservado desde el 2016. El nuevo síndico general, Carlos Montero, sostuvo que la decisión plantea terminar con la concepción de un Estado secreto.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) tendrá una nueva responsabilidad a partir de este año: controlar los fondos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Esta noticia fue confirmada por el titular del organismo de control, Carlos Antonio Montero, quien se reunió en los últimos días con la interventora de la institución, Cristina Caamaño. También formaron parte de este encuentro, los síndicos generales adjuntos de la Nación, Irma Miranda y Máximo Borzi de Lucía.
En ese marco, Montero aseguró que van a llevar adelante un trabajo de control para "terminar con la concepción de un Estado secreto”. Por su parte, Caamaño sostuvo que diseñarán una estrategia conjunta para "avanzar en un plan de auditoría que transparente el accionar de la Agencia".
¿Cómo se llegó a esta decisión? En 2016, con el decreto 656 de Estatuto para el Personal de la AFI, se dispuso que los fondos de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado fuesen completamente reservados.
En aquel entonces, el Poder Ejecutivo consideró necesario modificar las normativas vigentes para optimizar las capacidades del ente con el objetivo de “enfrentar con la mayor eficacia posible el fenómeno cada vez más intrincado de los delitos complejos”, indicaba el documento.
Según Caamaño, diseñarán un plan de auditoría que transparente el accionar de la AFI
Pero el presupuesto de la institución fue aumentado hasta su pico histórico en 2018, cuando los ingresos ascendieron hasta los $ 2.178,7 millones. Incluso, en lo que se aprobó para el ejercicio 2020, el gasto previsto en inteligencia superaba los $10.100 millones.
Para que la SIGEN pueda trabajar con la AFI primero fue necesario el Decreto 52, promulgado el 20 de diciembre de 2019. En el mismo se determinó la intervención de la Agencia y se la colocó al frente de dicha responsabilidad a Cristina Caamaño por el plazo, prorrogable, de 180 días corridos a partir de la entrada en vigencia de la normativa.
También se ordenó transferir a la Jefatura de Gabinete los fondos reservados que “excedan a los necesarios para el normal funcionamiento del organismo, para su posterior reasignación a las políticas públicas nutricionales y educativas que resultan estratégicas para abordar la emergencia social”.
Por otro lado, se instruyó a la ministra de Seguridad y al de Defensa para que procedan a identificar e informar el capital que se encuentre asignado a los órganos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, Seguridad y Policía bajo sus respectivas jurisdicciones. Los mismos también quedarán a disposición para las iniciativas mencionadas anteriormente.