Pasó un año desde que entró en vigencia en Argentina el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú. Desde su sanción, el tratado facilitó la información a los pedidos de organizaciones y fue fundamental en la suspensión de la explotación petrolera en Mar Del Plata ante los reclamos de ambientalistas. 

El Acuerdo de Escazú se transformó en un instrumento más para respaldar el cumplimiento de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública.

Mediante su implementación, el Acuerdo de Escazú se transformó en un instrumento más para respaldar el cumplimiento de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública. 

El senador nacional Marcelo Lewandowski (Frente de Todos) presentó un proyecto para otorgarle jerarquía constitucional al Acuerdo de Escazú. En el texto del proyecto se argumenta que el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional provee la herramienta para aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales, que otorga a los tratados una jerarquía superior a las leyes.

El Acuerdo de Escazú fue clave en la determinación de la Justicia sobre la exploración y explotación petrolífera en Mar Argentino que había sido decretada por el Ejecutivo. Ante la resistencia de la ciudadanía por el impacto ambiental que tendría su implementación, el juez Santiago Martín falló a favor de la suspensión de la explotación petrolera por el cumplimiento defectuoso de estándares que se desprende de la información brindada gracias al Acuerdo. 

Si bien todavía el tiempo de evaluación no es suficiente para realizar un diagnóstico, el ingreso del país al tratado refuerza las variables de participación y transparencia en acciones de medio ambiente y también permite a las organizaciones ambientales y a la ciudadanía que utilicen la ley no como una solución sino como el derecho a conocer las acciones que se realizan.   

El acuerdo busca contribuir a la protección del derecho de las personas en el acceso a la información y lograr vivir en un ambiente sano con su desarrollo sostenible.

Por otro lado, entre los objetivos del Acuerdo está el de garantizar en América Latina los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Por otro lado, apunta a contribuir en la protección del derecho de acceso a la información y lograr vivir en un ambiente sano con desarrollo sostenible. 

Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, el Acuerdo está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe. El 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Nación trató y debatió el Acuerdo de Escazú. La adhesión se sancionó de manera unánime en la Cámara Alta y por amplia mayoría en la Cámara Baja. El 22 de enero de 2021, Argentina notificó que el Estado es parte del acuerdo. Su entrada en vigencia fue en abril de 2021.