El techo de cristal en el sistema judicial está cada vez más bajo. La Oficina de la Mujer compartió los resultados del Mapa de Género de la Justicia Argentina en el que se observó que sólo un tercio de las mujeres son ministras, procuradoras generales o defensoras generales. Cuenta de esta masculinización es la conformación de la Corte Suprema de Justicia que, tras la renuncia de la ministra Elena Highton de Nolasco, quedó integrada únicamente por varones: Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz (vicepresidente), Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Si bien el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, enfatizó que el Gobierno nacional trabaja por la equidad de género en el sistema y confirmó que el reemplazo de Highton de Nolasco será una mujer, aún no hubo una designación por parte del oficialismo para el puesto que está vacante desde noviembre del año pasado.

Ante el vencimiento del plazo legal para la designación, un grupo de organizaciones compuesto por Abofem Argentina, Amnistía Internacional, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Poder Ciudadano y GQUAL le presentaron una carta al Presidente en la que manifiestan los efectos que genera en las instituciones que el máximo tribunal no esté compuesto como lo previsto en la legislación.

"La candidata no sólo debe ser una mujer idónea e independiente, también necesitamos una ministra formada y con una perspectiva en derechos".

"El 1 de noviembre del año pasado renunció Highton de Nolasco, la única ministra que había en la Corte. El Gobierno tenía 30 días para realizar una designación. Cumplido ese plazo presentamos una carta a fines del año pasado y, ante la falta de respuesta, otra en febrero. Está firmada por muchas organizaciones civiles exigiendo la presentación de la candidatura de una mujer con perspectiva de género", indicó a El Auditor.info Clara Lucarella, abogada del programa Acceso a la Justicia y Apertura del Poder Judicial de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Para ser juez o jueza de la Corte Suprema de Justicia y/o procurador/a general de la Nación, se requiere ser argentina/o nativa/o, haberse graduado en abogacía en una universidad nacional, contar con 10 años de ejercicio y al menos 30 de edad. Además cumplir con el Decreto Nacional 222/2003 para la conformación del máximo tribunal de Justicia del país. "Y en este caso ser mujer con perspectiva de género. La candidata no sólo debe ser idónea e independiente, también necesitamos una ministra formada y con una perspectiva de derechos. No entendemos por qué la dilación en la postulación, son muchas las mujeres con esas condiciones", agregó la referente de ACIJ. 

En la última carta firmada por las organizaciones, se señala que "el fortalecimiento institucional del Poder Judicial es fundamental para el respeto de los valores democráticos y los derechos humanos. En América Latina aún falta mucho para alcanzar la paridad de género en la Justicia".

No tan iguales

En los poderes judiciales provinciales hay un 64% de mujeres a nivel de funcionariado y la proporción se achica al 33% en los cargos de máxima autoridad.

Las mujeres están representadas sólo en un 31% en los máximos tribunales de justicia de la región, tal como se señala en el último informe presentado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. Además registra que el sistema judicial está compuesto por mujeres (57%), pero con una participación que disminuye en las posiciones de mayor responsabilidad. Sólo el 45% son juezas o accedieron a cargos de procuradoras, fiscales o defensoras.

El porcentaje se reduce aún más para el caso de las máximas autoridades del sistema: un tercio de las mujeres son ministras, procuradoras generales o defensoras generales. En relación al 2020, el mapa refleja un aumento de un punto porcentual en la participación de las mujeres en el nivel de magistradas mientras que se mantuvo estable en las posiciones de las máximas autoridades.

El informe registra que el “techo de cristal” aparece cuando concursan a cargos en la magistratura o al nivel máximo de autoridad. La proporción de mujeres camaristas alcanza el 25%, a su vez el porcentaje en cargos de magistratura (incluyendo camaristas) fue del 31%, una proporción que se viene sosteniendo desde hace 11 años.

En los poderes judiciales provinciales el panorama es similar: hay un 64% de mujeres a nivel de funcionariado y la proporción se achica al 45% al nivel de magistratura, llegando al 33% en los cargos de máxima autoridad.