ANSES

Así lo consideró Miguel Ángel Pichetto durante la última reunión del Colegio de Auditores Generales, en relación a los informes presentados por el organismo durante el tercer trimestre de 2020; en plena pandemia. En total fueron 57 trabajos.

La oficina parlamentaria reveló que los desembolsos destinados a “la veintena de programas” de la categoría pasaron del 1 al 2,1% del PBI en once años. Si se mide por cantidad de ayudas otorgadas, hay un incremento de 5,2 millones de transferencias.

Hasta 2019, infancia y adolescencia sumaban algo más de 9 millones de transferencias, con una participación del 1,2% del PBI. El informe parlamentario también detalló que el 35,8% de las prestaciones fue a adultos mayores, el 12,7% a la población en edad de trabajar, mientras que el resto se dirigió a planes como excombatientes y tarjetas alimentarias.

Según el área parlamentaria, en 2008 el Estado realizaba unas 12,7 millones de transferencias a personas físicas, incluyendo jubilaciones, pensiones, becas y otras ayudas. El año pasado, ese universo llegó a 21,3 millones. “El principal factor fue la AUH”, explicó la investigación. En el mismo período, la participación de esas iniciativas en el PBI pasó del 6,5 al 10,3%.

Diputados y senadores consultaron a los representantes de la Auditoría de la Nación sobre la actualidad del organismo, su tarea durante el aislamiento social y algunos informes pendientes. Nuevamente se habló sobre la posibilidad de auditar actos administrativos durante la pandemia.

El auditor general Alejandro Nieva propuso revisar la confección del padrón de beneficiarios y el pago del Ingreso Familiar de Emergencia. Si bien, por mayoría, se decidió no hacerlo durante el 2020, se deslizó la intención de que forme parte del plan de auditoría 2021.

El relevamiento del área parlamentaria detalló que, mientras el haber medio asciende a $ 24.731, los 704 retirados del Servicio Exterior perciben $ 386 mil. Además, hay 51 regímenes diferenciales y ocho de cada 10 aportantes trabaja en el sector privado.

La Fundación Éforo y la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) realizaron un conversatorio para reflexionar sobre las jubilaciones en Argentina. Los invitados coincidieron en que se necesitan consensos para tener un funcionamiento más estable y viable.

Según una investigación del área parlamentaria, las mujeres empiezan a aportar más tarde, por la informalidad laboral. Mientras trabajan, ellas cobran en promedio un 13% menos. Y, cuando pasan a depender de la ANSES, la diferencia llega al 33%. Además, siete de cada 10 jubiladas perciben haberes iguales o menores a la mínima.

Lo reveló la Oficina de Presupuesto del Congreso. Hay regímenes cuyo déficit roza el 40%. Alertan sobre una “desproporción” entre la cantidad de activos requeridos para sostener a los pasivos, la “pérdida sustancial del poder adquisitivo” de quienes se jubilan y la “imposibilidad de acceder a beneficios previsionales a largo plazo”.

La Jefatura de Gabinete de Ministros presentó la “Separata COVID-19 del Catálogo de Derechos y Servicios Esenciales a la Ciudadanía”, una síntesis sobre cómo trabajan las distintas carteras, organismos descentralizados y sociedades del Estado desde que se tomaron las primeras medidas para combatir la pandemia.

El 11 de marzo, mismo día que la OMS elevó el grado de alerta por la enfermedad, el Ejecutivo modificó sus partidas para reintegrar fondos a las obras sociales. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, luego hubo dos reasignaciones más, destinadas a Salud y Desarrollo. Las provincias recibieron $ 5.760 millones por la “emergencia sanitaria”.

La Oficina de Presupuesto del Congreso analizó la conformación del personal de la Administración Nacional y notó que, pese al límite del 15%, hay organismos que tienen la mitad de sus empleados por fuera de la planta permanente. Además, se observó que “coexisten una veintena de regímenes jurídicos” y más de 100 escalafones.

El trabajo del organismo de control señala que "la liquidación fue absolutamente correcta". De todas formas, cuestiona la falta de presentación de la libreta de escolaridad, detalla que no es posible saber, en caso de padres extranjeros, el lugar de residencia de los beneficiarios y alerta sobre la influencia de la inflación y la devaluación la AUH.

Según la Auditoría, el ente se desprendió de los papeles de la petrolera, que había adquirido con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, argumentando una “necesidad de liquidez” para actualizar los haberes. Sin embargo, “no hubo un cálculo de flujo (de dinero) que justifique” la decisión. El caso ya fue tratado por la justicia.

Tras analizar el manejo que la ANSES hace de esa masa de recursos, la Auditoría detectó apuestas sin análisis financiero y “decisiones libradas a la subjetividad” de algún funcionario. Además, se encontró un caso de conflicto de intereses. Con todo, el ente consideró que se “cumple razonablemente con los criterios establecidos”.

El organismo de control pretendía revisar el sistema de asignaciones familiares, no obstante solo contó con un puesto de trabajo sin acceso a la intranet del ente previsional y con los puertos USB cerrados. Tras el “comentario improcedente” de un funcionario y el plan “imposible”, el Colegio de Auditores podría llevar el caso a la Justicia.