El pasado 31 de diciembre por la noche, celebramos la llegada del año nuevo levantando nuestras copas y deseando lo mejor para este 2023. Millones de argentinos y argentinas brindaron a la espera de una mejor suerte en la economía o en el trabajo, muchos otros lo habrán hecho esperando que sus hijos alcancen el éxito o que alguno de sus seres queridos mejore su salud. Otros tantos, deseamos una mejor educación para Argentina.

La llegada de un nuevo año en el calendario gregoriano trae consigo –en estas latitudes– el comienzo de un nuevo ciclo lectivo, y el sistema educativo se pone en marcha para recibir a más de diez millones de niños, niñas y adolescentes que llegan a las aulas cargados de ilusión y expectativas. Esto seguramente haya sido fuente de inspiración para que el Congreso de la Nación haya sancionado a fines de 2003 la Ley 25864: en su primer artículo establece “un ciclo lectivo anual mínimo de ciento ochenta días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país”.

El problema es que –tras veinte años de su sanción– la ley de ciclo lectivo anual mínimo no se cumple. Ya sea por feriados nacionales, motivos gremiales, de infraestructura, administrativos o razones de fuerza mayor, son pocas las provincias que cumplen con el requisito de 180 días de clase al año. Un informe de Argentinos por la Educación dirigido por Gustavo Iaies y publicado en 2020 indicaba que si se descontaban los feriados y vacaciones de invierno del calendario escolar, 9 de las 24 provincias no alcanzaban el mínimo de 180 días de clase. Si –además de los feriados y vacaciones– se consideraban las jornadas institucionales y de planificación docente, la cifra de provincias incumplidoras del mínimo establecido por ley llegaba a 14, más de la mitad del país.

La irrupción de la pandemia también significó una grave afectación al derecho a la educación de una generación de niños, niñas y adolescentes argentinos, ya que el cierre de escuelas iniciado en el mes de abril de 2020 se extendió a lo largo de 553 días, lo que implicó un total de 19 meses con escuelas cerradas. Según el “UNESCO global dataset on the duration of school closures” nuestro país ocupa el puesto número 8 en el ranking mundial de países con más días de cierre de escuelas a causa del COVID-19 (ver gráfico). Con los mismos datos encontramos que, a nivel de América Latina, Bolivia encabeza el ranking con un total de 82 semanas con las escuelas cerradas, seguida en el segundo puesto por Argentina y Ecuador con 79 semanas de cierres, mientras que Brasil está tercero con 78. 

Un deseo para 2023

Otro informe, producido por el Sindicato de Educadores Argentinos, contabilizó la cantidad de paros y huelgas docentes desde el retorno a la democracia en 1983, encontrando que desde aquel momento se perdieron –en promedio– 24 días de clase por año. En algunas provincias esta cifra llega al escándalo, como el caso de Chubut, que perdió 37 días en promedio por año: casi tres años sin clases por huelgas y conflictos docentes. Cada comienzo de año viene con tensiones dadas por la negociación salarial docente, y la herramienta más utilizada para conquistar una mejora en sus ingresos es el paro. Pero si caemos en la cuenta de que a lo largo de tres décadas de democracia perdimos casi dos años de clases por esta causa, algo debe llamarnos la atención. 

Entonces, frente a un nuevo año lleno de oportunidades y desafíos, no perdemos la esperanza y deseamos que todos los niños, niñas y adolescentes de Argentina puedan ejercer su derecho a educarse en las mejores condiciones por, al menos, 180 días.