Los cambios en el gabinete apuntan claramente en esta dirección. Para empezar, la designación de Jorge Capitanich, a quien desde esta misma tribuna señalamos como uno de los ganadores en las pasadas elecciones de medio término con perspectivas todavía más altas, como Jefe de Gabinete función que ya cumplió durante el gobierno de Eduardo Duhalde-, alienta la idea de que el Gobierno asumió el golpe de las últimas elecciones y actuó en consecuencia, algo que la sociedad comenzaba a reclamarle. Juan Manuel Abal Medina se sumó así a la lista de integran Alberto Fernández, Sergio Massa y Aníbal Fernández, la de los jefes de gabinete de este gobierno que saltaron de sus cargos como si fueran fusibles.

A la designación de Capitanich, un gobernador leal al modelo desde 2003, con perfil económico y que obtuvo el 60 por ciento de los votos en su provincia y que, dicho sea de paso, le ganó la pulseada interna al entrerriano Sergio Urribarri-, se sumaron cambios fundamentales en el área de economía, donde se concentran los mayores problemas que afronta el Gobierno. El secretario de Política Económica y viceministro de Economía, Axel Kicillof, desplazó a Hernán Lorenzino al mando de la cartera, quien coordinará la flamante Unidad Ejecutiva de Reestructuración de Deuda y será propuesto al Congreso como embajador ante la Unión Europea. También habrá un cambio importante en el Banco Central, donde el presidente de carrera del Banco Nación Carlos Fábrega reemplazará a Mercedes Marcó Del Pont.

Los cambios en esta área sensible del Gobierno, a los que inesperadamente se sumó la posterior renuncia del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, quien recién dejará su cargo el próximo 2 de diciembre y que luego será designado como agregado económico en la embajada de Italia, apuntan a enfrían las tensiones que la creciente oposición concentra en sus críticas: la remarcación de precios de los alimentos que dispara la inflación y el problema indisimulable del tipo de cambio, concentrado en la figura del dólar y el cada vez más distante dólar paralelo. Ya nadie discute los números del Indec que hablan de una inflación del 10,5 por ciento en los últimos 12 meses-, pero tampoco se los toma en cuenta y la sensación de que el salario corre detrás de la inflación se ha vuelto a instalar entre los trabajadores.

Precisamente, los gremios no quieren perder ante las especulaciones de los empresarios, que suben los precios persiguiendo mayores ganancias, ni dejarse atrapar por las estrategias de control de precios impulsadas por el propio Moreno, que no encuentran correlato en las góndolas. Frente a este panorama, varios gremios han instalado la necesidad de abrir nuevamente el debate salarial que se había zanjado en a mitad de año.

Se trata, claro está, de gremios en su mayoría opositores -pero mientras estos plantean, los oficialistas analizan la conveniencia o no de hacerlo- reclamar el pago de un bono salarial por única vez para el mes de diciembre en valores que oscilan entre los 2.000 y los 5.000 pesos. Los camioneros reclaman 5.000 pesos, y peajes pide 4.000, con los Moyano a la cabeza; en el extremo inferior, Comercio y gastronómicos piden 2.000 pesos; en el medio se ubican los portuarios, que reclaman unos 3.600 pesos.

La compensación en bonos extraordinarios será uno de los reclamos que llevará este miércoles a la convocatoria frente al Ministerio de Trabajo la CTA opositora de Pablo Micheli. Mientras que, el frente Gremial Docente Bonaerense que nuclea a Suteba, FEB, Sapod, entre otros, exigen la reapertura de las paritarias porque entienden que los acuerdos alcanzados en 2013 quedaron por debajo de la inflación real que jaquea los bolsillos de los trabajadores. Algo similar plantean los médicos y judiciales de la provincia de Buenos Aires.  

El problema es que esta corriente de reclamos cuya génesis se sitúa en la CGT moyanista, podría extenderse más o menos rápidamente entre los demás gremios. La situación es delicada, ya que la preocupación por la disparada de algunos precios como los de la carne, el pollo o la harina, preocupa también a los gremios nucleados en la CGT oficialista que lidera Antonio Caló, como Smata, Uocra o textiles; ni siquiera la UOM parece desentenderse del todo del reclamo que, como reguero de pólvora, puede correr más rápido de lo que los funcionarios de Trabajo se imaginan.

La inflación acecha y de hecho, la ex titular del Banco Central, Marcó Del Pont, admitió la semana pasada ante un grupo importante de economistas la preocupación por el tema de los precios y su repercusión directa en la inflación.

El gran desafío es encontrar herramientas heterodoxas para lograr un inflación más baja sin suprimir la demanda, admitió la funcionaria ahora desplazada. Más allá de los cambios en el gabinete, el hecho de que un cuadro del oficialismo admitiera la gravedad de la situación en torno a los precios no resulta menor.

El problema ocupará la agenda para lo que resta del año y la puja entre los gremios y las cámaras patronales por los bonos extraordinarios tendrá sin dudas un lugar protagónico. La amenaza de reapertura de las paritarias, en el peor de los casos, pareciera ser más una herramienta de presión que una alternativa real y viable. Los términos del debate están planteados.

También se sumará a la presión contra el Gobierno la izquierda sindical, que el sábado realizó un plenario en el que se acordó una marcha propia para el 29 de noviembre desde el Obelisco al Ministerio de Trabajo, con reclamos similares a los que le anexan la abolición del impuesto a las ganancias y la implementación del doble aguinaldo.

Todavía no se conoce cuál será la estrategia del oficialismo para contrarrestar esta embestida. Eso sí, desde hace unos meses se viene hablando de la creación de una nueva central obrera, impulsada por el líder de la CTA oficialista Hugo Yasky, que concentraría a los gremios que simpatizan con el Gobierno pero no se identifican con la CGT de Antonio Caló y el taxista Omar Viviani.  

 Por ahora, es cuestión de esperar para ver cómo operan los cambios presentados en la noche del lunes por el vocero de la presidenta y secretario de Comunicación Pública Alfredo Scoccimarro, que incluyeron además el desplazamiento del ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, y la designación en su puesto de Carlos Casamiquela, un técnico que se encontraba al mando del INTA y que dicen, conoce muy bien los problemas de los medianos y pequeños productores. La presidenta concretó la jugada que meditó durante sus días de convalecencia, y como ocurre con todo cambio las esperanzas se presentan renovadas.