Los fondos de La Rioja son el secreto mejor guardado
Así lo denunció la Diputada Brizuela y Doria y detalló el proyecto que presentó el Bloque Fuerza Cívica de Acceso a la Información Pública. Hace años venimos luchando. Somos de las peores provincias en calidad institucional, dijo.
El jueves pasado, en la legislatura de La Rioja, los integrantes del bloque Fuerza Cívica presentaron un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública en consonancia con el aprobado a nivel nacional en 2016. GestionPublica.info dialogó en exclusiva con la Diputada Inés Brizuela y Doria, una de las autoras de la iniciativa.
Según comentó, hace años que venimos luchando en la provincia por tener acceso a la información pública básica ya que somos de las peores en calidad institucional. La constitución de La Rioja establece la obligación del Poder Ejecutivo de enviar cada 3 meses el estado de tesorería y cada 30 de junio la ejecución presupuestaria anterior, ninguna de las dos cosas las hemos recibido por lo menos desde que soy Diputada, remarcó.
Los fondos de la provincia son el secreto mejor guardado por el Ejecutivo. El ministro de Hacienda recibe absolutamente todos los fondos en una cuenta única y a partir de allí los transfieren hacia el destino que quieren, detalló Brizuela y explicó que ante este panorama nosotros insistimos con pedidos de informes para que nos den las cuentas claras.
La Diputada aclaró que no solo proponemos la adhesión a la ley nacional sino que también pensamos la autoridad de aplicación creando una Agencia de Información Pública que pueda ser operativa para seguir el procedimiento que pide la norma, resaltó.
La Agencia se compondría por 3 directores designados por un proceso público, 2 propuestos por la primera minoría de la legislatura y el restante por la mayoría, continuó y agregó que luego se van a publicar los antecedentes en el diario de circulación local y en el Boletín Oficial provincial para generar un espacio en donde los ciudadanos puedan impugnar a los candidatos si así lo quieren.
En materia de representación parlamentaria tenemos una situación política particular, ya que de 36 Diputados que tiene la cámara, nosotros somos 3 y hay una legisladora que armó un bloque unipersonal. No hay más partidos opositores con legisladores, por lo tanto no tendríamos problema de elegir junto a ella, indicó.
Actualmente, y por la integración que tiene la cámara, la legisladora le confirmó a este medio que el proyecto no va avanzar. Nos hemos propuesto trabajar en aquellas herramientas que creemos que son útiles para mejorar la institucionalidad, remarcó.
Para Brizuela, algo parecido nos pasó con la trata de personas, ya que en la provincia existe una ley que habilita los prostíbulos y militamos por su derogación. El proyecto durmió unos meses en comisión y luchamos en la calle hasta que el tema maduró y así la mayoría de la Cámara lo trató y aprobó, argumentó.
La Diputada, cuyo mandato finaliza en diciembre de este año, se encuentra en carrera por un lugar en la Cámara Alta a nivel nacional. Si llego al Senado nacional voy a seguir proponiendo este tipo de proyectos porque es una de las mayores preocupaciones que tienen los ciudadanos, dijo.
Información Pública Riojana
En el artículo 2 del proyecto presentado se especifica que quienes deberán brindar información serán: La Administración Central, los organismos descentralizados y desconcentrados provinciales y municipales; La Función Legislativa de la Provincia de la Rioja y Concejo Deliberantes Provinciales; La Función Judicial de la provincia de la Rioja y jueces de faltas municipales; entre otros.
Por su parte, se detalla que La Agencia de Acceso a la Información Pública deberá velar por el cumplimiento de los principios y procedimientos establecidos a nivel nacional, a los cuales nos adherimos por la presente ley, garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública y promover medidas de transparencia activa.
Los integrantes de esta autoridad de aplicación tendrán diversas funciones. Según el artículo 8, tendrán que redactar y aprobar el Reglamento de Acceso a la Información Pública en el ámbito Provincial y Municipal aplicable a todos los sujetos obligados, así como también implementar una plataforma tecnológica para la gestión de las solicitudes de información y sus correspondientes respuestas.