Esta semana los legisladores de la provincia de Córdoba intentaron aprobar una nueva Ley de Bosques para reemplazar la norma vigente (9814/2010) que reduciría las áreas protegidas, habilitando así el desmonte. De esta manera, no se cumpliría con los parámetros establecidos a nivel nacional que también ordenan una audiencia pública, un mapa de zonificación y evaluación de impacto ambiental. Gestionpublica.info dialogó con Cristian Schneider, biólogo y docente, integrante de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas quien remarcó que este proyecto no debe aprobarse porque los textos son incomprensibles.

La Ley Nacional 26.331, que rige desde 2007, legisla y regula la protección de los bosques nativos en todo el país. La misma estipula un ordenamiento territorial que debe darse en todas las provincias para controlar el uso del suelo según el estado de los bosques. Desde 2008, las provincias comenzaron a confeccionar sus reordenamientos territoriales basados en sus propias normativas provinciales en concordancia con la nacional. Hace seis años Córdoba sancionó la Ley 9814 pero sobre el final tuvo algunos cambios que contradijeron a la Ley nacional. Por ese motivo estuvo frenada 3 años y la provincia no recibió fondos para su implementación hasta que se modificaron algunos artículos y finalmente se destrabó. En 2015 debía hacerse una actualización del reordenamiento territorial de todas las provincias, pero hace dos años que la ley de Córdoba está en un proceso de puertas cerradas.

El proyecto actual no tiene ningún consenso de ninguna organización. Es un texto de la Secretaria General de Gobernación, abalado por la Secretaria de Ambiente y Agricultura, enfatizó Schneider. Esta nueva Ley no tiene un mapa trazado sino solo los criterios con los cuales realizarlo. El gobierno provincial no abre el juego para esa discusión, esta permeable a los intereses de las organizaciones rurales que quieren que se desafecte gran parte de las zonas rojas, es decir, las zonas más importantes de conservación, explicó.

Se plantean una cantidad de irregularidades que se contradicen con la Ley Nacional e incluso no cumple con parámetros de aceptación administrativa por parte de la Secretaria de Ambiente como el estudio de impacto ambiental y una audiencia pública, que tanto por Ley nacional como por Ley provincial deben existir, aseveró Schneider. La norma básicamente lo que propone es la desafectación de las zonas rojas, cambiar el mapa, aumentar las zonas amarillas y las verdes. Esto incluso va en contra de un principio de una Ley nacional de no regresividad, especificó.

Este proyecto no debe aprobarse. Los textos son incomprensibles y cambiaron la autoridad de aplicación, ahora sería el ministerio de Ciencia y Tecnología, aclaró Cristian Shneider. El Ministerio de Ciencia y Tecnología no tiene por qué administrar y controlar los bosques, insistió.

Audiencia pública

El debate se recrudeció la semana pasada cuando desde el Poder Legislativo de la provincia llamaron a una audiencia pública para analizar la nueva Ley. A los días, tomaron la errónea decisión de llevar la audiencia a las afueras de la capital cordobesa por prevención de disturbios en el centro de la Ciudad. Finalmente se suspendió. Esta audiencia pública no era la pertinente. Debería haberse hecho por el Ejecutivo antes de confeccionar el texto, remarcó. La Ley 2208 fija un mecanismo de audiencia para entregar la licencia ambiental que acá no se respeta, detalló.

Bonus track

En Córdoba muchos productores están desmontando con químicos que atacan determinados tipos de vegetales y se están aplicando para generar aperturas en el monte, denunció Shneider. Desde hace unas semanas, distintas organizaciones y ciudadanos están reclamando para que esta Ley no se apruebe y se debate el año que viene y poder construir así otra Ley con un proceso distinto.