Luego del rescate de los 33 mineros en Chile, el país sigue registrando falencias en el control de los yacimientos mineros. El 7 de diciembre pasado murió otro trabajador por un accidente en la localidad de Tierra Amarilla.

El hecho comenzó con un fusible que detonó más rápido de lo esperado. Fue dentro de la mina llamada Javier Castillo, a 25 kilómetros de la ya célebre Copiapó. La explosión causó la muerte de Héctor Manuel Cortes, de 27 años, e hirió a otros trabajadores. Así el número de victimas mortales en el sector minero durante el año ya se elevó a 43, superando ampliamente el promedio de 34 que se registró durante la última década.  

Autoridades del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), aseguraron que la mina Javier Castillo tenía todos los papeles en orden y que había sido controlada recientemente. Pero el organismo recibe muchas críticas por su aparente falta de capacidad para controlar los emprendimientos de exploración y explotación. Omar Reygadas, uno de los 33 mineros rescatados declaró que lo único que hacen los inspectores del SERNAGEOMIN es firmar papeles y que ni ingresan a los yacimientos. A las declaraciones del minero se le sumaron las de Pedro Iblan, director interino del ente regulador, que confirmó que el organismo no tiene la capacidad de inspeccionar todas las minas de la zona al mismo tiempo.

En Copiapó existen 2.500 minas, de las cuales el 90% pertenecen a pequeñas empresas. Para todos los yacimientos sólo hay tres inspectores. Si bien durante el rescate de los 33 mineros de San José el gobierno había anunciado algunas mejoras para el sector, el único cambio registrado hasta el momento es el aumento de auditores, que pasó de 18 a 45. Luego de cuatro meses del derrumbe de la mina de San José, no se recibió ninguna noticia sobre algún plan de incrementar los recursos.