La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) aprobó un informe de evaluación sobre la gestión del Ministerio de Salud porteño en materia de prevención y protección de la salud sexual. Si bien se destinó más presupuesto para la tarea, se registraron faltantes de insumos, no se halló una coordinación entre efectores ni indicadores que marquen mejoras.

El documento, aprobado el año pasado, se basa en un estudio sobre el trabajo realizado durante 2018. El Programa de Prevención y Protección en Salud Sexual tiene el objetivo de facilitar el acceso libre y gratuito de la población al cuidado de su salud sexual y reproductiva, a información y asesoramiento profesional para la elección y provisión de métodos anticonceptivos, incluyendo políticas de prevención y atención de enfermedades de transmisión sexual  HIV- SIDA.

La iniciativa, además, coordina todas las acciones relativas al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. El trabajo se complementa con otros programas del Ministerio, como los vinculados a salud escolar, adolescencia y materno infantil. Estas tareas se desarrollan a través de efectores de salud de CABA (Hospitales y Centros de Salud), de efectores dependientes de otros subsectores del GCBA (Educación, Desarrollo Social) y de organizaciones de la sociedad civil. 

La AGCBA explicó que “a partir del año 2016, debido a una decisión del Ministerio de Salud, se fusionaron los programas de Salud Sexual y Reproductiva y la Coordinación SIDA, dando lugar a un nuevo equipo: la Coordinación Salud Sexual, SIDA e ITS (CSSSeITS)”. Este espacio, que depende directamente de la Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, propone integrar estos “dos mundos” que ocurren en simultáneo y con las mismas personas. 

Subió el presupuesto pero no fue suficiente

Durante el período auditado, en el informe se indicó que el presupuesto sancionado tuvo un incremento neto de $62.562.933, que representa más del 100% respecto del cuadro original. Esto significó “un cambio importante” desde la planificación, ya que se consideró que fue una jerarquización de este tipo de políticas en la gestión.

Según se indica en el documento, no hay una asistencia integral ni articulada y faltan planificaciones que respondan a la demanda.

Sin embargo, ese aumento de la partida no fue suficiente ya que “no se han asignado metas físicas al programa, lo que no permite establecer cumplimiento de los objetivos de la gestión pública mediante indicadores, ni una evaluación de la efectividad del programa”, se detalló en el documento. 

Con respecto a la atención de salud sexual en los hospitales, se observó que es una asistencia diseminada en diferentes especialidades, no está articulada ni hay planificaciones de acuerdo a la demanda. “Lo expuesto evidencia la falta de un proceso de articulación que asegure a cada efector la integración de objetivos y coordinación de las actividades de los diferentes servicios involucrados en la atención de la salud sexual”, se expresó en el documento.

No se garantizan tratamientos hormonales 

Del documento se desprende que tampoco se garantizaron los tratamientos hormonales para cumplir la ley de Identidad de Género, “siendo este uno de los desafíos de la Coordinación para el Año 2018”, indicó la AGCBA. Además detectaron "debilidades en el aprovisionamiento para asegurar insumos en los efectores y la falta de un sistema que genere un registro por cada insumo on-line, retrasado en la entrega”. 

Por otra parte, la coordinación del plan debía evaluar la demanda y entrega de anticoncepción de emergencia por parte de los efectores. Esto no se realizó e “impactó en la imposibilidad de poder evaluar la gestión y/o para la toma de decisiones”, resaltó la auditoría porteña.

¿Cómo funciona el programa de prevención y protección en salud sexual en CABA?

Durante las tareas de campo los auditores también notaron que “los registros de las consultas no dan cuentan de las prestaciones específicas al programa”. De esta manera la documentación marca “consultas en general” y no las especifica. “En este sentido, existe un subregistro en la cantidad de consultas ya que los pacientes que acuden al consultorio por una emergencia o por atenciones en sala de espera, no se encuentran registrados en las planillas de consultas”, explica el informe.

Otro subregistro es el que existe en los CeSAC (Centros de Salud y Acción Comunitaria). Allí "el formulario se carga después de la actividad y una vez ingresado, los profesionales no pueden acceder al mismo sin hacer un pedido especial”, por ejemplo, para constatar qué acciones se llegaron a cargar y cuáles no, determinó el organismo de control.

“La falta de suministro de los recursos necesarios y la modificación de los impedimentos del sistema informático para realizar la carga y la consulta impiden optimizar el sistema de registro de actividades comunitarias”, se señaló en el documento.

Fallas en la ejecución de la ILE

En otro apartado se marca que, si bien no se obstaculiza el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) tampoco se encuentra implementado un registro de objetores de conciencia u otra solución normativa que garantice al personal sanitario ejercer ese derecho. Esto, siguiendo al informe de la AGCBA, tampoco le permite a la autoridad sanitaria evaluar si cuenta con la cantidad de recursos humanos suficientes para que haya un desenvolvimiento en las prácticas de abortos no punibles.

Tampoco se utilizan indicadores para valorar la efectividad y el impacto de los cursos y talleres que realizan los efectores de salud. Inclusive el informe sostiene que “en ocasiones quedan sin registrar”. Esto impide medir la efectividad de las acciones, evidenciando debilidades de control interno.

No hay indicadores o estadísticas precisas sobre la utilización de cada método anticonceptivo.

Por último se detectó que no hay indicadores o estadísticas precisas de la utilización de cada método anticonceptivo, ni del porcentaje de cobertura completa. Para los auditores, la inexistencia de diseño e implementación de procedimientos “dificulta obtener indicadores”, generando debilidades que atentan la eficacia del control interno. 

Las conclusiones de la auditoría

El informe de la AGCBA concluyó que el gobierno realizó una importante inversión duplicando la pauta presupuestaria planificada para la compra de insumos y que, este programa, puso a disposición recursos que favorecen la información y educación, así como elementos para que cada ciudadano desarrolle la conducta sexual y reproductiva elegida. 

Sin embargo, “es necesario optimizar la coordinación entre efectores, pues cada especialidad aborda la temática de una forma aislada o particular no existiendo un solo servicio que las nuclee”. Sobre este punto, la auditoría consideró que “la gestión debe adecuar el control interno de los procesos de generación de información, de los procesos de compras, del control de stock de los insumos y del seguimiento de las necesidades de los efectores para brindar un adecuado servicio”. 

Para el organismo, “es relevante” que el programa no cuente con metas físicas asociadas al presupuesto, que permitiría la definición de indicadores a fin de medir la efectividad de sus tareas. El debilitado sistema de registro no establece de manera certera, entre otros indicadores, las prestaciones específicas del programa ni el nivel de cobertura en los pacientes.