A gusto y piacere: las universidades abusan de lalegislación que las regula
Así lo manifiesta un informe de la AGN aprobado este año. Se debe al exceso de atribuciones en nombre de la “autonomía y autarquía” institucional y financiera. Como consecuencia se detectaron varias irregularidades, entre ellas, hubo casos en los que se gastó dinero sin firma de la autoridad competente, compras sin precios de referencia y también sueldos del personal docente y no docente que no coinciden con lo establecido por norma.
Las Universidades Nacionales se exceden en el alcance de la “autonomía institucional” y la “autarquía económico financiera” que la legislación les confiere. En consecuencia, la Auditoría General de la Nación (AGN) detectó un sinfín de irregularidades en materia de compras, contrataciones, recursos humanos y espacio físico.
Estas instituciones educativas, bajo la supuesta autoridad que la “autonomía” y la “autarquía” les da, “aprueban, por ejemplo, sus propios reglamentos de contrataciones”. Pero la Auditoría fue más que clara al respecto en su informe, afirma que “bajo ningún punto de vista están facultadas de dictar su propio reglamento de contratos”.
Entre 2009 y 2012 “fueron diez las universidades que concentraron el 64% del presupuesto”. Encabeza la de Buenos Aires con un 19%, la sigue Córdoba que se lleva entre el 8 y el 7% y, por detrás de ambas, las de la Plata y la Técnica Nacional con un 7%. Estas cuatro instituciones educativas más la de Tucumán concentran el 55% de la población Universitaria.
En el informe especial, aprobado este año, hay un detalle con el promedio de pesos por alumno que se destina para cada Universidad. Es llamativo que las de Lomas de Zamora y La Matanza sean las que más bajo promedio tienen, alrededor de $3.000 por cada alumno durante 2009. La UBA recibió $4.900 por cada uno, menos de la media que ronda en los $ 6.000. Las tres instituciones con mayor cantidad de dinero por cabeza, porcentualmente, fueron las de San Juan, Patagonia Austral y Patagonia San Juan Bosco, con más de $11.000.
La Ley 24.521, en su artículo 58, establece que el Estado Nacional debe asegurar el aporte financiero para sostener a las instituciones universitarias nacionales y debe garantizar a través de ésta contribución su normal funcionamiento y desarrollo.
Las observaciones efectuadas por el equipo de auditores se desprenden de 39 auditorías que la AGN llevó adelante en distintas Universidades para evaluar la calidad de la gestión en cada una de ellas.
Compras
En cuanto a las compras, por ejemplo, el organismo de control observó que algunas se realizaron “sin antecedentes de precios que permitan estimar el gasto en los distintos procesos de licitación”, como fue el caso de la Universidad Nacional de San Luis en 2007, la de la Plata en 2004, la Matanza en 2000 y la de Lomas de Zamora en 2009.
Tampoco se encontraron “actos administrativos que autoricen el llamado a licitación o la aprobación del Pliego de Bases y condiciones en las adquisiciones que realizó la Universidad Nacional de Misiones en el 2007 y la UTN y el IUNA en 2003”.
En las compras realizadas por la Universidad Nacional de la Plata en 2004 y por la de San Martín en 2001 “no se vio que haya intervenido la Comisión que avala que los elementos recibidos corresponden en cantidad y calidad a las especificaciones de las órdenes de compras”.
En cuanto a las Cajas Chicas, la AGN detectó que “los gastos superan el monto impuesto por la norma vigente, observó desdoblamientos en facturas de un mismo proveedor, de una misma fecha y numeración correlativas, viáticos sin rendición, deficiencias en los comprobantes de pagos” entre muchísimas otras regularidades. Además encontraron "cajas chicas que exceden el monto máximo de $ 10 mil y funcionarios que eran responsables o suplentes de más de una”.
Empleados
La Auditoría también informó sobre irregularidades en lo que respecta al personal. Puntualmente, verificó en sus distintos informes que “había docentes y no docentes cuyos sueldos no se correspondían con lo establecido por normativa” y que “hubo casos de empleados de las instituciones con incompatibilidad funcional y horaria”. Estos casos fueron encontrados en muchas universidades, como por ejemplo, en la de Psicología de la UBA en 1997, el IUNA en el 2003, la Nacional del Litoral en 2005 y La Matanza en 2000.
Hay un régimen, dentro del ámbito universitario, que permite que los empleados que trabajan en relación de dependencia puedan acumular cargos con una frecuencia horaria que va de las 65 a las 75 horas semanales. Esta situación “supone una jornada de 13 a 15 horas diarias situación que trasgrede el límite de las 12 horas que debe mediar entre el fin de una jornada y el comienzo de la otra”. Esto fue detectado en la Universidad Nacional de La Plata en 2004 y en la de La Matanza en 2007.
Dinero y más dinero
Presupuestariamente, la AGN “no encontró resoluciones de las autoridades competentes de las diferentes Universidades que respalden la aprobación, distribución, reajuste o modificación presupuestaria”. ¿Qué significa esto? Que ese dinero “se gastó sin una debida autorización”. Esta situación se evidenció en la UBA de Ciencias Económicas en 2005, en la Universidad Nacional de La Pampa en 2005 y 2006, en la de Lanús en 2002 y en la UTN en 2003.
En cuanto a los movimientos bancarios, el organismo de control detectó que “no se registran en tiempo y forma los movimientos relacionados con débitos y créditos de las cuentas corrientes afectando los saldos que arroja el sistema contable”. Este manejo irregular de fondos se detectó, por ejemplo, en la Universidad Nacional General Sarmiento en los años 2005 y 2006.
Edificios
La Auditoría Nacional además descubrió que en la Facultad de Odontología, en 1997, se celebraron contratos por espacios físicos “sin la debida autorización”. También hubo casos en los que esos lugares “se cedieron a asociaciones gremiales o agrupaciones, con incompetencia del decano, y la Universidad no percibió canon alguno”. Fue el caso de la UBA de Economía en el 2005. Hubo también contratos de locación vencidos y sin constancia de renovación en 2007 en Odontología de UBA y en 1996 y el primer semestre de 2007 en Económicas.