En una planta de tratamiento de residuos domiciliarios de la localidad misionera de Puerto Iguazú, los operarios trabajan sin guantes ni barbijos. Lo detectó la Auditoría General de la Nación (AGN), en un análisis sobre el Plan de Gestión Integral de desechos en Municipios Turísticos.

El organismo de control nacional visitó la ciudad ubicada en el extremo norte de Misiones y observó que el complejo, de 762 metros cuadrados de superficie cubierta, tiene “rotas, descalzadas o tapadas” las rejillas por donde escurren los líquidos generados por los residuos. En ese sentido, el presidente de la Cooperativa Cataratas le dijo a los auditores que “al hacer la limpieza diaria con agua a presión para la eliminación de los líquidos lixiviados, las rejillas no logran el completo escurrimiento, por lo que se produce la inundación de la planta”. Los líquidos lixiviados son los que se generan a raíz de la degradación de materia orgánica y como producto de la infiltración del agua de lluvia al atravesar la masa de desechos. 

El dato no sería alarmante, si no fuera por otro hallazgo de la AGN: los trabajadores del predio no tienen botas que los protejan de las inundaciones.

Hay más. El titular de la Cooperativa añadió que la instalación eléctrica de la planta está “perjudicada por conexiones clandestinas a viviendas vecinas, por lo que se entorpece el normal abastecimiento” de energía. Asimismo, durante su visita, los propios auditores descubrieron que el tablero eléctrico del complejo se encontraba “trabado provisoriamente con un destornillador”. Para completar el cuadro, el informe agrega que dentro del predio no se exhibe un “plan de evacuación”, en caso de incendio, y ni siquiera hay matafuegos.

“La planta opera con un dispositivo que ocasiona una fuga de residuos no prevista en el proyecto, que debió ser solucionado parcialmente por los operarios a través de un circuito improvisado”, dice la Auditoría, y agrega: “El dispositivo de cuchillas –zaranda- que actúa en el proceso inicial de separación, en los hechos, rompe las bolsas de residuos y los desparrama”. Es por eso que “los trabajadores de la planta colocaron artesanalmente una línea que mitiga esta dispersión”. Y esta tarea, junto a la separación manual y el enfardado de materiales a reciclar, es realizada por los trabajadores del complejo sin guantes ni protección alguna.

Lo que sí tenía el predio eran bidones con líquidos para hacer las fumigaciones diarias. Pero esos recipientes no tenían ninguna identificación.

Por último, los auditores no encontraron en la planta ninguna evidencia documental que demuestre la habilitación municipal del complejo.

Gestión Integral de Residuos, el Plan

La AGN analizó los detalles del Plan de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios en Municipios Turísticos, una iniciativa dividida en dos subprogramas ejecutados por el Ministerio de Turismo y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Los datos que figuran en el presente informe, aprobado este año sobre hallazgos de 2010 y 2011, corresponden a la porción del Plan que es llevada adelante por Turismo. El subprograma en cuestión tuvo un presupuesto de U$S 49.800.000, de los cuales U$S 10 millones son aportes locales, y el resto es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La planta de separación y transferencia de Puerto Iguazú tuvo un costo de U$S 5.891.411.

Pero ese dinero fue utilizado también para otros fines, como el cierre de basurales a cielo abierto.

También en la ciudad de las Cataratas, Maravilla del Mundo, se procedió al cierre del basural Iguazú Cué. Se trata del basural “actual” de esa localidad. Los auditores pasaron por el predio y observaron: “Falta del cerco olímpico perimetral, con sólo la delimitación del predio en el frente y  un portón de acceso; el cartel del portón no informa que se trata de un basural a cielo abierto saneado, ni prohíbe el ingreso a toda persona no autorizada”. Justamente, los técnicos de la AGN encontraron el día de su visita a “personas recogiendo basura en el lugar y animales husmeando los residuos. Además, ingresaban vehículos con residuos de poda y bolsas domiciliarias”.

El saneamiento del Iguazú Cué costó $ 475.451.

Pero Iguazú tenía otro basural, llamado “antiguo” por los auditores, que estaba cerca del Barrio 1º de Mayo. El informe indica que las acciones previstas no se llevaron a cabo porque, según el Ministerio de Turismo, fue “saneado naturalmente sin intervención de obra”. De hecho, la empresa que iba a llevar adelante el trabajo, AESA, informó que fue la misma inspección de obra la que ordenó eliminar las tareas de saneamiento porque había “muy pocos focos de residuos dispersos, no se encontraron insectos ni roedores y tampoco había olores que emanaran de residuos en descomposición”.

Si para esto había destinados $ 376.134, y pero no ejecutó ningún trabajo, ¿qué pasó? Dice la AGN: “Las obras que no se hicieron en este basural se compensaron con otras adicionales de ‘resaneamiento’ que debieron realizarse en Iguazú Cué”, y agrega que “no hay evidencia documental de intervención de una autoridad ambiental competente” que justifique el no saneamiento del basural “antiguo”.