Esta semana comenzó un nuevo Gobierno en la Argentina y, por eso, El Auditor.info comparte una suerte de cuadro de situación de temas como hambre, salud, ambiente y transparencia, entre otros, a partir de informes elaborados por la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), los máximos organismos de control del país.

Prioridades

En el discurso inaugural, se supo que el presidente supeditó el tratamiento del Presupuesto nacional a la renegociación de la deuda que tiene el país. 

No obstante, en caso de aprobarse, ese nuevo texto revelará si el Estado continúa con el “desfinanciamiento del Programa Nacional de Emergencia Alimentaria”, que detalló un informe de la Auditoría General de la Nación.

La mencionada investigación mostró que la cantidad de gente que recibe comida del Estado viene bajando desde 2012 y que la tendencia, en principio, continuaría en 2020.

En números, la AGN detalló que en 2016 el universo atendido por el Programa Nacional era de 203 mil personas y que, según estimaciones oficiales, esa cifra caerá el año que viene a 173 mil. Puntualmente 30.554 ciudadanos menos. 

¿Quiénes son los beneficiarios de la iniciativa? Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, embarazadas, madres de chicos lactantes y adultos mayores en situación de abandono o discapacidad.

Una forma de comprobar si la “estrategia de reducción paulatina” -a palabras de la Auditoría- se hace efectiva, será comparar porcentualmente las evoluciones de los presupuestos Nacional y del Ministerio de Desarrollo Social con la partida específica para el Plan de Alimentos.

Es que, del último relevamiento, se desprende que entre 2011 y 2016 los fondos destinados a la iniciativa crecieron un 104%, mientras que los gastos totales de la Nación y de la cartera de Desarrollo, se incrementaron 320% y 353% respectivamente en el mismo lapso. “Esto representó en la práctica un desfinanciamiento del Programa”.

“Riesgo epidémico”

También esta semana se confirmó que la Argentina vive su peor brote de sarampión de los últimos 20 años y que, por eso, el Estado pidió reforzar la vacunación.

En ese sentido, posiblemente el panorama preventivo será otra de las urgencias que deberá enfrentar el flamante gobierno.

¿Por qué? Según otro informe de la AGN, el Programa de Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles no alcanzó sus propios objetivos en, por lo menos, 15 tipos de vacunas entre 2016 y 2017. ¿Cuál era la meta? En pocas palabras, repartir dosis en todo el país.

Es que, comparando las performances de los distintos años, se observó una “menor distribución de algunos preparados respecto de la planificación acordada con las provincias”, lo que provocó que los responsables regionales del proyecto manifestaran su “preocupación” por el cumplimiento del calendario nacional, reveló la AGN.

“La falta de remisión por parte del Ministerio de Salud de las vacunas estipuladas y los niveles de cobertura observados, menores a los estándares establecidos, representan un riesgo epidémico para la población”, sentenciaron los técnicos.

Lo que hay (y no se usa)

En materia de ambiente, el nuevo Gobierno tendrá la posibilidad de estrenar una iniciativa que nació en 2017 en el ámbito del Ministerio de Seguridad. Se trata del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR), pensado para prevenir y, en el peor de los casos, mitigar el impacto de los desastres naturales.

¿Por qué “estrenar”? Es que la Auditoría General de la Nación reveló el SINAGIR cuenta con dos fondos, destinados a financiar acciones de preparación y respuesta rápida ante catástrofes, de los cuales “no se implementó ninguno”. 

Igualmente, eso no quiere decir que no se haya enviado dinero a provincias y municipios. De hecho, el organismo de control analizó 47 subsidios efectivamente entregados. Pero, de esas transferencias, “solo se habían aprobado siete rendiciones de cuenta, en otros 13 casos se efectuaron intimaciones para presentar” la justificación de los gastos y hubo "14 reclamos de documentación”.

¿A qué catástrofes puede estar expuesto el país? Con respecto a eventuales inundaciones, otra investigación de la AGN apuntó que, si bien la Argentina dispone de un Plan Nacional del Agua, algunos componentes de esa iniciativa no tienen planificación, plazos ni financiamiento y que, incluso, el Estado ni siquiera hizo un diagnóstico sobre la situación hídrica del territorio para “planificar la ejecución de obras según criterio de riesgo”. 

Y otro “riesgo potencial catastrófico” surge de la “ausencia de monitoreo” de los lagos que se forman en torno a los glaciares del oeste del país, tal como demostró un informe de la Auditoría Nacional.

¿Qué podría pasar? En un “contexto de cambio climático global, el deshielo y el retroceso de los glaciares dan lugar a la formación de lagos proglaciarios y morenas terminales, que son sedimentos que van formando montículos, que actúan como diques y que poseen una estructura interna muy inestable y propensa a la ruptura”, explica el trabajo y completa que, si estos cursos de agua se desbordan -o los diques se rompen-, “arrastran sedimentos y escombros que generan aluviones de gran magnitud, pues recorren distancias extensas debido a la pendiente, y son considerados uno de los peligros más importantes por su potencial destructivo de poblaciones cercanas”.

Los fondos públicos

Muchos de los aspectos mencionados están vinculados con el manejo del dinero público. En ese sentido, la Sindicatura General de la Nación aportó datos relevantes sobre la gestión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que administrado por la ANSES y representa una de las masas de recursos más importantes con las que cuenta el Estado. 

Si bien el relevamiento trata sobre datos de 2016, permite un panorama general del FGS, sobre todo en materia de seguridad informática. En ese sentido, el documento dio a conocer “serias debilidades de control” que impiden saber qué proporción del dinero está disponible y a cuánto asciende la cartera de inversiones. Además, la Sindicatura descubrió que no hay un plan de acción ante un eventual hackeo ni existe un back up de datos.

Y, en lo que tiene que ver con los fondos propiamente dichos, un informe de la AGN volvió a hablar de “riesgo potencial” pero, en este caso, relacionado a las inversiones sin estrategia ni monitoreo que se hacen con el FGS. 

Tanto es así, que la investigación remarca que se dejan “decisiones libradas a la subjetividad” de algún funcionario, y que “los planes anuales del Fondo de Garantía no contemplan un análisis financiero (que plasme) las necesidades de liquidez para cada período, ni la capacidad que tendría el mismo ante una eventual intervención para afrontar obligaciones del sistema previsional”.

El desafío de la transparencia

Y, si de fondos públicos se trata, resulta ineludible la cuestión de la transparencia, sobre todo como un desafío para el Gobierno. 

Justamente a partir de ese tema es que la Sindicatura elaboró un trabajo sobre el cumplimiento de un decreto de hace más de 20 años, que establece cómo determinar la responsabilidad patrimonial de los funcionarios frente a algún daño a las arcas públicas, y cuál es el camino a seguir para intentar recuperar esos fondos. 

El problema es que los antecedentes de esa norma no son alentadores: la SIGEN tomó como ejemplo el ejercicio 2016 y contó que durante esos 12 meses hubo “perjuicio fiscal firme con responsabilidad de funcionarios públicos” por $ 123.152.105,40, y que, de ese monto, a diciembre del mismo año se habían recuperado $ 2.087.144,86, lo que representó el 1,69% del total.