En Chipre no controlan los residuos marinos y la flora y fauna están en peligro de extinción
La isla de Chipre no tiene una agencia central de coordinación para supervisar los desechos de las embarcaciones de recreo y hay un vacío legislativo en el ejercicio de control sobre la eliminación de los mismos. El dato surge de un informe de la Auditoría del país que asegura que no hay una vigilancia adecuada sobre la administración de las playas ni una estrategia nacional de gestión costera.
Ubicada al sur de Turquía, Chipre es la tercera isla más grande del Mediterráneo, después de Sicilia y Cerdeña, y cuenta con una amplia zona costera que la convierte en una de las principales atracciones turísticas. De ahí la importancia de la gestión eficaz para la economía del país. Es por eso que la Auditoría de la República de Chipre realizó un informe para determinar si las autoridades competentes toman las medidas necesarias para la “protección ambiental y la administración financiera”.
El organismo de control evaluó diversos temas que hacen al control de las playas, como los “desechos de las embarcaciones de recreo”. Estos residuos son manejados por varias autoridades, pero “no tienen una agencia central de coordinación”.
Además, “hay un vacío legislativo en el ejercicio de control sobre la eliminación de residuos de los buques y embarcaciones de recreo” que están amarrados a los muelles.
Frente a esta situación, la Auditoría afirma: “Las inspecciones llevadas a cabo por el Departamento de la Marina Mercante en relación a la administración de desechos no son adecuadas”. Y agrega que “no hay multas administrativas”.
En cuanto a la administración ambiental, el informe asegura que “no se elaboró una lista a nivel nacional de todas las especies de flora y fauna en peligro de extinción”, a pesar de que es una obligación establecida en un Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo.
Ahora bien, el organismo encargado de controlar la gestión de las playas es el Comité Central de Playas. Sin embargo, “no es capaz de ejercer una vigilancia adecuada” ya que “no hay supervisión sobre el cobro de servicios e instalaciones para el público”.
La Auditoría chipriota encontró también “una alta tolerancia en los casos de solicitudes de aprobación para intervenciones en el área de protección de playas”, como las construcciones.
Por ejemplo, aunque las autoridades competentes identificaron casos de intervenciones ilegales en la zona marina, “no se tomaron medidas” contra los infractores.
Al concluir, el órgano de control asevera que “no se elaboró una estrategia nacional de gestión costera”.
