A días de que el programa Argenta sea reformulado, la Auditoría General de la Nación (AGN) reveló que se entregaron créditos por casi 14 millones de pesos cuando la iniciativa aún no había entrado en vigencia.

El organismo de control descubrió que los préstamos, destinados a incentivar el consumo de jubilados nacionales, “debían empezar a otorgarse el 12 de julio de 2012”, pero se constataron operaciones que databan de una semana antes, es decir, el 7 de julio.

La AGN sostiene que “en los cinco días hábiles” que hubo entre esas dos fechas “se emitieron créditos por $ 13.898.018”, y que incluso la empresa que iba a proveer las tarjetas firmó su convenio con la ANSES durante ese lapso, el 10 de julio de 2012.

El programa en cuestión fue financiado con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y ofrecía tres líneas de créditos: los tradicionales, a los que se accedía mediante la mencionada tarjeta, los pasajes en Aerolíneas Argentinas y los denominados Argenta Solidara, destinados a los damnificados por las inundaciones de abril de 2013 en la provincia de Buenos Aires y puntualmente en La Plata.

Argenta dio créditos antes de entrar en vigencia ¿por cuánto?

La AGN analizó la gestión de la ANSES durante el primer año y medio de la iniciativa, desde julio de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013. En ese período se entregaron 478.531 préstamos de las tres líneas mencionadas, por algo más de 3 mil millones de pesos (para más detalles, click en Descargue el Informe).

Camino al andar

Por otra parte, el informe señala que, cuando fue presentado, el Argenta “no estaba contemplado en los proyectos y metas operativas” de la ANSES de 2012, y añade: “El programa se lanzó sin una Planificación Específica Previa que considere la cantidad de beneficiarios, el monto de los préstamos y la rentabilidad a percibir”.

No obstante, ya en su plan anual 2013, el organismo previsional incluyó por lo menos dos objetivos de Argenta. Por un lado, la “colocación de préstamos a beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y por el otro, el control a los comercios adheridos". 

Con respecto al primer punto, la Auditoría analizó una muestra de beneficiarios y concluyó que los créditos efectivamente “fueron otorgados a jubilados y pensionados del SIPA en el 97% de los casos”, mientras que el 3% restante debió ser corroborado manualmente.

Asimismo, hubo préstamos que terminaron siendo “desconocidos por los titulares de las jubilaciones asociadas a esos créditos”. Esta situación provocó que, desde agosto de 2013, la ANSES fuera habilitada a ser querellante en ese tipo de causas. 

Y, por último, también se descubrió que “la totalidad de los beneficiarios de la línea Argenta Solidaria tenían domicilio en las zonas afectadas por las inundaciones de abril de 2013”.

Ahora bien, los auditores observaron que el “compromiso de los comercios adheridos, de realizar determinados porcentajes de descuento, no fue controlado por el organismo (en referencia a la ANSES), recayendo en los beneficiarios la responsabilidad de denunciar” a los locales que no cumplían, ya sea personalmente como mediante una línea telefónica que se habilitó para ese fin. 

Para la AGN, esto “afectó económicamente a los beneficiarios”, es decir, a jubilados y pensionados, quienes “se encontraban obligados a consumir -los créditos Argenta- únicamente en los comercios adheridos al Programa”.  

Ante la falta de control de la ANSES, la Auditoría revisó el legajo de los locales adheridos y descubrió que de cada diez solicitudes de incorporación al programa, por lo menos en una “no se indicaba el porcentaje de descuento a otorgar”, aunque fuera obligatorio especificarlo. 

Y, aunque la AGN extendió su análisis entre julio de 2012 y diciembre de 2013, y aprobó el trabajo en septiembre pasado, logró agregar un dato de abril de 2015. Dice textual: “Según la información recibida, Aerolíneas Argentinas no realiza descuentos a los beneficiarios que compran pasajes o paquetes turísticos en el marco del programa Argenta”.

Dato al margen: los contratos

Siguiendo con Aerolíneas, el informe marca que los contratos que firmó la ANSES tanto con la línea de bandera, como con el Correo Argentino (donde los abuelos solicitaban los créditos y retiraban las plásticos) y con una empresa llamada Tarshop S.A. no tenían marco legal; los investigadores detallan que “no tuvieron a la vista el encuadre jurídico” de esos convenios “que permitiera determinar el cumplimiento de los requisitos previstos”.

Para completar, la AGN explicó que el rol de Trashop (comercializadora de la Tarjeta Shopping) era “elaborar reportes” para la ANSES con datos de los consumos realizados por los beneficiarios de los préstamos.      

El dinero

Un decreto de 2011 (el 246), habilitó a la ANSES a derivar hasta un máximo del 20% del total del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en créditos para jubilados y pensionados del SIPA. Pues la Auditoría afirmó que “en 2012, el porcentaje invertido fue del 0,48% y en 2013, del 0,93%.

Ese mismo decreto, en tanto, decía que el costo financiero total no podía exceder en un 5% la tasa informada por el Banco Nación para préstamos de jubilados y pensionados. El informe destacó que, en ese sentido, la ANSES “cumplió con el límite establecido por la norma”.   

Más allá de eso, el organismo de control reconoció que “del cotejo de depósitos desde el FGS a la ANSES no surgieron diferencias”, y que, si las hubo, “se debieron a plazos operativos desde la generación del crédito hasta el desembolso definitivo, o bien por compras que se realizaron en días no hábiles o feriados”, y que “esta situación se fue subsanando con la mejora de los procedimientos”. 

Los beneficiarios

Para completar, la AGN  detalló que, tras revisar legajos de los beneficiarios, “se han detectado algunas cuestiones como falta de firmas, aclaración y DNI del solicitante del crédito; y falta de documentación como copias del DNI, entre otras”.