El Programa Apoyo a Grupos Comunitarios, que depende del Ministerio de Desarrollo Social porteño, tiene como objetivos generar iniciativas y proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de la infancia y de familias en situación de pobreza; promover la participación ciudadana y el acceso al mundo productivo. 

Según figura en la página del Gobierno porteño, el apoyo que se brinda es a nivel técnico, financiero y de asistencia alimentaria y este último fue el evaluado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA).

Pese a que según el Pliego de Bases y Condiciones las empresas proveedoras “debían someter los productos a controles bromatológicos mensuales”, el organismo de control constató que las tres empresas observadas habían incumplido con este requisito.

La compañía Sistemas Alimentarios SA realizó solo tres de los doce exigidos, mientras que Codyela SA cumplió con el 42% de lo debido al igual que la firma Teylem SA. Esta última empresa se vio envuelta en una denuncia por el mal estado de la comida que proveyeron en Vicente López y por haber ganado la licitación de contenedores de basura siendo un catering, pero ambas cuestiones no son motivo de esta auditoría.

A ello se suma que una de estas compañías, Codyela SA “tenía los alimentos en un deposito cuya temperatura ambiente superaba lo 29°C”. Además, el local “no cumplía con las condiciones establecidas por normativa en cuanto a iluminación y ventilación” para lo que la ausencia de ventanas al exterior no ayudaba.

Durante 2013, se le dio apoyo a 430 Grupos Comunitarios a través de siete empresas que vendían y distribuían los víveres. Por ello, la Ciudad fue dividida en ocho zonas y las empresas encargadas de los servicios fueron organizadas de la siguiente manera:
 

La Ciudad invierte más de $386 millones en dar alimentos que no controla correctamente

Por decreto, “se deja sin efecto la adjudicación a Sano y Bueno SRL y se le adjudica a la empresa Siderium SA por $52 millones”.

En relación a los controles de la Unidad del Servicio Alimentario uno de los puntos destacados fue la “falta de unificación de criterios tanto de los controles de alimentos así como del personal y el equipamiento de las empresas”. Por ejemplo, en el informe de inspección “no se detallan las condiciones generales del depósito de alimentos al momento de la inspección”. Tampoco hay mención a los alimentos verificados.

Sobre el transporte, el documento aprobado en marzo de 2015 detalla que “las empresas prestadoras deben contar con al menos dos vehículos propios o contratados para trasladar las sustancias alimenticias". Los mismos deben estar habilitados conforme a lo establecido por la Ciudad para estos casos. También deben contar con libreta sanitaria y capacitación en buenas prácticas de manifactura.

Sin embargo, la AGCBA detectó numerosos incumplimientos en las exigencias. De la muestra se desprende que “faltan 10 DNI de choferes, 19 licencias de conducir, 27 certificados de idoneidad, nueve habilitaciones de vehículos para el transporte de cargas, siete libretas sanitarias y de las 13 existentes cinco habían vencido en 2013 y no estaba su renovación”.