Misterio en Mendoza: dónde habrán quedado las notebooks de la Dirección Ambiental
Podría ser una reversión del clásico “Quién se ha tomado todo el vino” de la Mona Jiménez, pero no. Cuatro computadoras portátiles y tres cámaras fotográficas digitales, entre otros artículos, desaparecieron de ese organismo. El descubrimiento fue realizado por el Tribunal de Cuentas mendocino que por este hecho le formuló cargos a tres altos funcionarios.
El Tribunal de Cuentas de Mendoza realizó una auditoría en la Dirección de Protección Ambiental de esa provincia para evaluar la gestión administrativa, financiera y patrimonial. Grande fue la sorpresa que se llevó cuando encontró el faltante de varias notebooks y cámaras fotográficas, entre otros bienes.
Sobre las computadoras portátiles los auditores señalaron que “en el sector de informática, dos máquinas valuadas en $2.219 y $3.699 no estaban en su lugar” y en el área de Residuos Peligrosos también detectaron que “faltaba una notebook de $2.219”.
En ambos casos, el Tribunal manifestó que “no se habían realizado las acciones tendientes a esclarecer los hechos” porque la Dirección en cuestión tomó medidas de manera “extemporánea”, es decir, fuera del momento en el que las tendría que haber realizado. El faltante también se observó en el despacho del director.
Pero no fue el único aparato electrónico que misteriosamente ya no estaba en las oficinas. En la dependencia Petróleo “se constató que ya no estaban tres cámaras fotográficas valuadas en $2219 $1749 y $659, cada una”. Sobre estas faltas, el organismo de control volvió a destacar que “la apertura del sumario administrativo se hizo tarde ya que el hurto del bien se produjo en febrero de 2012 y el acta se realizó recién en agosto del mismo año”.
Además, “hubo otros objetos que desaparecieron como un fichero, sillas, mesa para máquina de escribir, un equipo de GPS, varios escritorios, un grabador tipo periodista”, solo por detallar algunos.
No está de más decir que “el inventario de Bienes de Uso a noviembre de 2011 estaba desactualizado por lo que no representaban fielmente el estado y la ubicación de los bienes”.
Ante toda esta situación el Tribunal de Cuentas consideró que “existe un daño patrimonial al erario público” por lo que decidió formularles cargos a los responsables, que en este caso consideró que eran los dos directores y la encargada de los inventarios. Los elaboró “de forma conjunta y solidaria”, por lo que entre los tres deberán pagar la suma de $9.149,06.
