No se respetan los límites de pesca para el “Variado Costero” y hay especies en peligro

Especies en peligro o en estado de vulnerabilidad, pescas que exceden los topes permitidos y controles que no se hacen, ese es el cuadro de situación de la explotación de especies costeras, según el último informe de la Auditoría General de la Nación (AGN).

El objetivo era analizar la gestión ambiental desarrollada por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura que depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Ministerio que lleva el mismo nombre.

Las especies que fueron el centro de evaluación comprendieron el llamado “Variado Costero”. Son, según el Consejo Federal Pesquero, peces que viven cerca del fondo del mar como los que se exponen a continuación.
 

En particular, el gatuzo, el pez ángel y la raya pintada se encuentran “en peligro”; mientras que el guitarra grande está “críticamente en peligro”. Las especies como la guitarra chica, el cazón, tiburón, torpedo y las rayas de círculos, hocicuda, lisa y marrón atraviesan “una situación vulnerable”.

En la zona del Río de la Plata existen lo que se denomina Capturas Totales Permitidas (CTP) para la corvina, la pescadilla, el besugo, el gatuzo, el pez palo, ángel y las rayas. Para ello, “se conforman grupos técnicos de trabajo de nuestro país y de Uruguay y elaboran informes con recomendaciones”.

La AGN observó que “no queda claro cuándo debe regir el límite de CTP para el gatuzo y el pez ángel”. Si bien “debería estar en vigencia desde los primeros meses del año, en los hechos, empezó en octubre”. Lógicamente este desfasaje “significa un riesgo respecto a los límites de pesca”.

En sintonía, “no se aplicaron las recomendaciones realizadas por el Grupo de trabajo sobre los límites de captura de la corvina a fin de garantizar la pesca responsable”.

Los datos de Desembarques Declarados reflejan que los valores de CTP fueron superados para la corvina blanca: “en 2011 el exceso fue de 5,48% y al año siguiente de 17%”. El pez palo y el ángel también “sobrepasaron el límite de captura en 2011” y las rayas “registran una pesca mayor a la debida en un 16% para 2011 y un 14% para 2012”.

Los buques de pesca del Variado Costero tienen que estar autorizados por el Consejo Federal Pesquero. Según pudo saber la AGN “se listaron 93 barcos de los cuales 66 tienen permiso irrestricto”. El inconveniente se genera cuando “la normativa que especifica el tipo de permisos no tiene tipificado el irrestricto”. 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) es un organismo que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y tiene como objetivo “cooperar y asesorar en las tareas de investigación que eviten la contaminación”. Para ello el Instituto puede designar observadores científicos para que vayan a bordo de los barcos que tengan como objetivo el Variado Costero. 

Según informó el Director del INIDEP, “la flota que captura a los peces no contaba en 2011 con la cobertura de observadores a bordo por falta de espacio y condiciones habitacionales adecuadas”. Pero los auditores remarcaron que “las normas piden que estén con el fin de obtener información para la investigación científica”.

Sobre la Comisión Asesora para el Seguimiento del Variado Costero, la AGN señaló que “pese a que debía congregarse al menos una vez por trimestre y producir un informe por cada juntada, desde 2009 se reunió solo una vez en 2013”. Además “no contó con todos los representantes” y no produjo ningún documento.

Marco legal

Una de las observaciones más relevantes que realizó la Auditoría es que “en el ámbito de la actividad pesquera convive un marco legal que no coordina las acciones”. Es que tanto la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable como la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura “tienen planes nacionales de acción pero no han articulado lineamientos estratégicos de manera conjunta que integran los objetivos de la Ley Federal de Pesca”. 

Tampoco contemplaron “las pautas de manejo de la pesca responsable ni el enfoque ecosistémico de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)”.

La evaluación de la AGN se desarrolló entre 2009 y el primer semestre de 2013 y fue aprobada en marzo de 2015. En ella también se aborda la cuestión internacional: la Subsecretaría “no acordó las medidas de Ordenamiento Pesquero Binacional con los charrúas”. 

Ambos países tienen derecho exclusivo de pesca en la zona costera  y fuera de ella se reconocen mutuamente la libertad de pesca en el Río pero aún “queda pendiente definir el cupo de pesca y los mecanismos de información tanto de Uruguay como la provincia de Buenos Aires”.

En cuanto a los controles y fiscalización la Subsecretaría debía elaborar un Plan de Acción Nacional para prevenir, desalentar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (PAN-INDNR). Para ello “se previó un examen cada cuatro años para evaluar resultados e implementar estrategias que aumenten su resultado”.

Sin embargo, el equipo auditor “encontró debilidades ya que no se establecieron metas concretas y no se llevó a cabo el taller previsto a los cuatro años de aprobación”. De hecho, “no se relevaron embarcaciones no registradas que presuntamente realizaban pesca no declarada”.